MANAGUA, Nicaragua.- La Academia Nicaragüense de la Lengua, a la que el Gobierno de Nicaragua ordenó su cierre como ONG, informó este domingo que está "trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española".
El grupo de trabajo está a cargo de los académicos nicaragüenses María Auxiliadora Rosales Solís, Róger Matus Lazos y Pedro Xavier Solís, y en el mismo participan colaboradores, indicó la Academia Nicaragüense de la Lengua un día después que se conociera que las autoridades están pidiendo su ilegalización.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 83 ONG locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños que cuenta -esta última- con una de las bibliotecas virtuales más completas del país.
Según el Gobierno, esas ONG han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de "agentes extranjeros", lo que han rechazo los afectados.
94 AÑOS DE HISTORIA
"A lo largo de 94 años la Academia Nicaragüense de la Lengua ha velado por la cultura, educación y desarrollo de la lengua común de los pueblos hispanos", destacó ese organismo en una declaración.
Explicó que esa casa "se ha integrado activamente a los colosales proyectos de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale); asimismo, en diversas participaciones de congresos y encuentros para exponer acerca de nuestra lengua diferencial y estándar, mediante ponencias de literatura, ortografía, gramática", entre otras.
Sostuvo que esa corporación ha aportado en los diversos proyectos panhispánicos como el diccionario panhispánico de dudas, diccionario fraseológico, diccionario gastronómico panhispánico, diccionario escolar, diccionario panhispánico del español jurídico y diccionario de americanismos.
Con las nuevas 83 asociaciones a ser anuladas se elevarían a 229 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo del presidente Ortega en lo que va de mayo, y a 319 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
¿PASADA DE CUENTAS?
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de la iniciativa, ha dicho que las ONG que han sido ilegalizadas, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
