A un año, familiares de migrantes muertos en Cd. Juárez siguen sin pago del INM
Ciudad de México.- Al cumplirse este miércoles un año de la tragedia en la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 familias de las 40 de las personas que fallecieron calcinadas en el incendio, así como las 27 que resultaron heridas, aún no han recibido el pago de reparación de daño por parte del Gobierno de México.
Así lo precisó el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de un comunicado en el que detalló las medidas de acompañamiento que ha realizado en este tiempo a los lesionados y a familiares de víctimas mortales.
La dependencia precisó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) resolvió el 10 de julio de 2023 los montos que se saldarían a cada uno de los núcleos familiares de las personas fallecidas, quienes solicitaron como medida de seguridad que no se hicieran públicas las cantidades.
“A la fecha han recibido la indemnización 29, de un total de 40. Sobre los 11 faltantes de pago, el INM informa que, de manera coordinada con la CEAV, se avanza en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que deben demostrar fehacientemente tener derecho a recibir la indemnización”, destacó.
Sobre las 27 personas migrantes que resultaron lesionadas, el INM aseveró que continúa con las gestiones relativas a los dictámenes sobre los montos que correspondan a cada persona, “para que esta autoridad migratoria dé cumplimiento al pago”.
El IMN recordó que, entre las acciones que realizó en relación a este caso, se entregó a víctimas y familiares un total de 40 boletos de avión y expidió un total de 68 tarjetas de visitante por razones humanitarias.
“Sobre las personas migrantes fallecidas, el INM solicitó a Sedena y Semar transporte aéreo para llevar a cabo la repatriación, así como los servicios de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias AC (ANDF) para la preparación y traslado a sus países de origen”, sostuvo.
Sin dar un balance actual sobre la investigación de este hecho, la dependencia señaló que el 28 de marzo de 2023, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al entonces Órgano Interno de Control (OIC) —hoy Área de Especialidad de Control Interno en el ramo de Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP)— llevar a cabo las indagatorias por lo acontecido, con el propósito de esclarecer los hechos y responsabilidades.
