México, tienes una deuda con tus jueces

¿Qué le debe México a sus jueces? A grandes rasgos: un presupuesto pertinente para más infraestructura (porque dinero hay, los casos de corrupción recientes demuestran que nuestro país es capaz de generar grandes cantidades de recursos), independencia ante las intrusiones políticas (presiones extrajudiciales para que emitan sentencias en un sentido y no de otro), seguridad (las amenazas y/o ataques fatales hacia su persona y/o familias crecen todos los días) y una capacitación adecuada (no solo judicial, también en otras disciplinas como administración, economía, alta dirección, telecomunicaciones, redes sociales…).

¡Un rubro más! Lograr que el ciudadano de a pie entienda y socialice que en el mandamiento judicial (“injunction”, dice Owen Fiss), “el juez tiene el vehículo principal para dirigir la tarea reconstructiva de una sociedad”.

Fiss, Sterling Professor Emeritus of Law de la Universidad de Yale, escribió en su libro El derecho como razón pública (The Law as It Could Be) que “la autoridad de los jueces no surge de ninguna peculiar habilidad moral –de la cual carecen– sino de los límites del cargo a través del cual ejercen el poder”.

La judicatura suscita nuestro respeto –agrega el académico– porque está aislada de la política e implicada en un diálogo especial con el público. El problema es que tal separación y peculiar conversación no ocurren en México.

Ahí está como muestra el mal llamado (pero ya popular) “amparo Porky”. Me refiero a la polémica que desató la decisión del juez en las redes sociales y la reacción del Consejo de la Judicatura Federal ante el contenido de la sentencia y los reclamos de la voz popular digital.

Con lo ocurrido en dicho caso no es menor exigir que el Estado defienda y garantice la independencia de los jueces en México (de los magistrados y ministros hablaré en otra ocasión). Urge que fortalezcamos al Poder Judicial. En todos sus ámbitos y estructuras. De lo contrario no tendremos el Estado de Derecho que deseamos; que necesitamos.

* El autor es abogado, periodista y administrador. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio). Profesor de posgrados en Alta Dirección, Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la UNAM, EBC, UP, ICAMI y HC Escuela de Negocios.