Batres presenta iniciativa para dar 20 años de cárcel por corrupción inmobiliaria

Redacción

Ciudad de México.- Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno sustituto, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas al Código Penal, en el cual busca tipificar con penas de 10 hasta 20 años de prisión a quienes incurran en actos de corrupción inmobiliaria. 

Luego que Ernestina Godoy Ramos, extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), no logró ser ratificada el lunes pasado en el legislativo local y tras las denuncias del oficialismo acerca de que la oposición evitó extender a enero de 2028 el cargo de la exservidora pública, debido a que ella reveló las anomalías en el sector de bienes raíces, Batres Guadarrama manifestó que es necesario que haya condenas severas contra este caso que PAN, PRI y PRD defienden para proteger sus interés bajo la impunidad.

"Con esto modificamos el código penal adecuándolo a problemáticas presentes que requieren un tratamiento cada vez más especializado", abundó el mandatario citadino, quien precisó que su planteamiento busca adicionar el capítulo 15 en el Código Penal, especificando el delito en el artículo 276.

DEFINEN QUÉ ES EL DELITO

De acuerdo con lo expuesto en el documento de la autoridad central, corrupción inmobiliaria es “cuando un servidor público permita, por acción, omisión o tolerancia, la construcción de pisos adicionales no autorizados. Las sanciones no solo recaerán en el servidor público, sino también en familiares, empresarios y socios involucrados, independientemente de otras posibles conductas penales”, se lee en el texto citado por medios.

“El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano”, remarcó Batres Guadarrama.

Al respecto, el jefe de Gobierno sustituto ahondó que los efectos de la corrupción inmobiliaria son graves, toda vez que van desde problemas de protección civil, encarecimiento de hogares y afectaciones ambientales. 

Tras ello, subrayó que su iniciativa se basa en que se ha dado un aumento significativo de casos de esta índole desde 2012, coincidiendo con gobiernos del pasado.

Mientras que Ricardo Ruiz Suárez, encargado de la Secretaría de Gobierno (Secgob), mencionó que es necesario que haya una revisión del marco legal en construcciones, esto con la finalidad de que se atiendan las necesidades básicas de los habitantes, quienes padecen por el robo de agua debido a la creciente corrupción del llamado “Cártel inmobiliario”.

IMCM