Buscan penas de 3 a 8 años de prisión para 'montachoques' en CDMX

Ciudad de México.- Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los llamados “montachoques”, son personas que fingen impactos, colisiones o percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de no dañar físicamente a la víctima. 

Por esta práctica, la diputada del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, presentó una iniciativa para castigar por la vía penal este delito nuevo. 

“El modus-operandi es identificar a la víctima, tener un automóvil para provocar el choque inesperado y que la persona que será extorsionada no alcance a frenar y se impacte con él. El delincuente, que puede ir acompañado por varias personas, desciende del carro para intentar cobrar un dinero por el golpe. Además, llegan a trabajar con un tercer vehículo que arriba al lugar de los hechos y se estaciona detrás del auto de la víctima para encajonarlo y que no se pueda retirar del lugar.  

“Esta conducta delictiva se ha presentado de manera reiterada y permanente dentro de la Ciudad de México, y sin lugar a dudas, tiene en estado de indefensión a las víctimas, ya que, cuando pretenden denunciar en el ministerio público, este no cuenta con las herramientas legales necesarias para poder encuadrar su conducta en alguno de los tipos penales previstos actualmente en el Código Penal para la CDMX, situación que los pone en estado de vulnerabilidad”, comentó la diputada.

Agregó que “esto requiere una pronta solución para intentar disminuir el modus operandi de los montachoques o por lo menos, sancionar la conducta de los mismos. Con ello, pretendemos echar a andar el aparato de procuración de justicia de la Ciudad de México en materia del delito de extorsión, en su modalidad de accidentes de tránsito terrestre, y de esta manera, velar por los bienes jurídicos tutelados de la vida, la salud personal y el patrimonio, de los habitantes de nuestra ciudad por lo que solicitamos se reforma el artículo 236 del Código Penal para la Ciudad de México”.

“Entendemos que, como legisladores, tenemos la obligación de salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad, de crear, modificar o derogar leyes para tales efectos, y crear los tipos penales que sean necesarios, tomando en consideración la intervención mínima del Estado, para que no se vulnere la esfera jurídica de los individuos”, finalizó.