Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, detuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva dedicada al fraude, que habría obtenido cerca de 40 millones de pesos mediante engaños a sus víctimas.

Las aprehensiones se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las investigaciones iniciadas tras una denuncia presentada por una institución bancaria.

La SSC informó que se ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, mientras que una quinta fue cumplimentada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal.

Entre los detenidos se encuentran dos mujeres, de 36 y 50 años, y tres hombres, de 31, 31 y 45 años.

Ofrecían falsos premios para obtener datos bancarios

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos presuntamente acudían a los domicilios de las víctimas para ofrecerles premios u obsequios que en realidad eran falsos.

Mediante engaños, presuntamente obtenían información personal y bancaria de las personas afectadas, datos que posteriormente habrían utilizado para realizar retiros y transferencias no autorizadas.

Las autoridades señalan que el grupo operaba en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, donde habría obtenido un beneficio económico ilícito cercano a los 40 millones de pesos.

Con las cinco órdenes de aprehensión cumplimentadas, suman 15 personas detenidas en lo que va del año por su presunta relación con esta célula delictiva y distintos casos de fraude.

Las investigaciones comenzaron a partir de la denuncia presentada por una institución bancaria y posteriormente los agentes reunieron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control.

El juez otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes, que fueron ejecutadas por los agentes de la SSC y la FGJ capitalina.

Las cinco personas fueron informadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere, que determinará su situación jurídica.