Martí Batres entregó iniciativa de reforma de Sheinbaum Pardo al Congreso local

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ciudad de México.- Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobernación del gobierno local, presentó ante el Congreso capitalino la iniciativa de reforma de la mandataria, Claudia Sheinbaum, para que se otorgue rango constitucional a los programas sociales en beneficio de los estudiantes de educación básica en la CDMX.

Batres Guadarrama reiteró que la jefa de Gobierno decidió enviar al Congreso local esta iniciativa para que se reforme el artículo octavo de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de educación.

En virtud de las facultades constitucionales, la entrega de las iniciativas de Claudia Sheinbaum están a cargo del secretario de gobierno, Martí Batres.

La iniciativa de reforma consiste en elevar a rango constitucional los programas sociales y educativos que actualmente operan en la capital y que se aplican desde hace tres años. Sin embargo, con esta propuesta legislativa se pretende que tengan el carácter de derechos con expresión jurídica en la Carta Magna capitalina.

Uno de estos programas es "Beca Bienestar para Niños y Niñas" que es universal y beneficia a cerca de un millón 200 mil infantes que opera en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Batres Guadarrama mencionó que el antecedente de esta beca es la del programa "Niños Talento", que beneficiaba a un sector reducido del alumnado inscrito en el sistema de educación pública en la capital.

El secretario de Gobierno remarcó que este programa contravenía la cuestión de la universalidad de los programas sociales y estigmatizaba a quienes no contaban con ese apoyo. Aseveró que era una brecha social que no beneficiaba a los sectores marginados dentro del sistema educativo.

El programa "La Escuela es Nuestra" que tiene características sociales para ofrecer mantenimiento a los planteles del sector de educación básica, también se pretende que tenga rango constitucional. Este pretende colocar los recursos en los padres de familia para que ellos decidan en qué se pueden gastar los recursos públicos para mejorar los planteles escolares.

Batres Guadarrama señaló que estas acciones están en función de fomentar una democracia participativa en función de las necesidades de la ciudadanía que interviene en el sector educativo.

El fin último, de acuerdo con Batres Guadarrama, es elevar los derechos enunciativos y declarativos ya no sólo en políticas públicas, sino en rango constitucional.