Acusa EU a dos mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos millonarios

acusa EU dos mexicanos sobornar funcionarios Pemex

Redacción

Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló formalmente acusaciones contra dos ciudadanos mexicanos por un presunto esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). 

De acuerdo con esta instancia de la Unión Americana, el objetivo de estos pagos ilícitos era asegurar la obtención de contratos lucrativos.

Los individuos imputados son Ramón Alexandro “N”, de 46 años, y Mario Alberto “N”, de 61 años. Ambos enfrentan un cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos adicionales por violaciones sustanciales de la misma ley.

Según documentos judiciales, entre 2019 y 2021, ellos dos y otros cómplices habrían conspirado para entregar al menos 150 mil dólares en sobornos. Estos pagos se materializaron de diversas formas, incluyendo artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, así como entregas de dinero en efectivo y otros bienes de valor. 

Se dice que los sobornos estaban destinados a, al menos, tres funcionarios de Pemex y PEP con el fin de que estos beneficiaran a empresas asociadas con Ramón Alexandro en la adjudicación y retención de negocios con la petrolera estatal mexicana.

SE ADJUDICARON “JUGOSOS” BENEFICIOS

Gracias a esta presunta actividad corrupta, las empresas vinculadas a dicho hombre lograron asegurar contratos con Pemex y PEP que ascienden a un valor mínimo de 2.5 millones de dólares.

El DOJ informó que ambos acusados residían legalmente en Texas. Se confirmó que Ramón Alexandro fue procesado este mismo lunes, mientras que Mario Alberto se encuentra prófugo de la justicia.

Matthew R. Galeotti, fiscal de la División Penal del Departamento de Justicia, emitió un comunicado subrayando la seriedad de estas acciones Y enfatizó que la acusación busca enviar un mensaje contundente de que la justicia estadounidense no tolerará a quienes corrompen a funcionarios públicos para su beneficio personal, distorsionando la equidad del mercado.

En caso de ser hallados culpables, cada uno de los acusados podría enfrentar una pena máxima de hasta cinco años de prisión por cada cargo.

IMCM

Síguemos en Google News