Analizará SCJN la segunda parte del 'Plan B' para rechazar su aplicación, propone el ministro Laynez
Redaccción
Ciudad de México.- Después que en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y resolvió las impugnaciones contra el Decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En esta ocasión, el máximo tribunal del país en voz del ministro Javier Laynez Potisek, propuso invalidar la segunda parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral.
El togado dio a conocer que se analizará el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.
Con esto, la Corte buscará “tumbar” esta normativa, al sostener que durante la aprobación del decreto en diciembre de 2022, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para desechar la totalidad de lo impugnado.
“El proyecto considera que todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo”, señaló la SCJN en un comunicado.
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Y es que el argumento de Laynez Potisek es que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas, por lo que los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento de ese legislativo.
“Tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, sostiene el texto de la Corte.
De esta forma, el proyecto concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
IMCM
