Arremeten contra 4T por solicitar juicio político para un juez

Crescencio Contreras Martinez juicio politico

Redacción

Ciudad de México.- Con la denuncia de juicio político que presentó Luis María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la Cámara de Diputados, contra Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Tamaulipas, por supuestamente favorecer a integrantes del crimen organizado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señaló que esta situación no puede ser usada como un mecanismo al servicio del gobierno federal en turno para controlar o acechar al Poder Judicial. 

Fue ayer, cuando la funcionaria en el marco de su participación en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, dio a conocer esta petición presidencial que busca que el legislativo analice la posible destitución de Contreras Martínez, quien presuntamente permite la impunidad de los criminales. 

"La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al poder judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras", pronunció esta instancia en un comunicado posteado vía redes sociales y el cual está firmado por Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de la Jufed. 

NO HAY FUNDAMENTOS 

Indicaron que la queja de la Segob se basa en presuntas actuaciones irregulares del impartidor de justicia, dado que no han demostrado que éste en verdad haya favorecido a grupos criminales vinculados con delitos como secuestro de migrantes en Tamaulipas. 

De esta forma, la Jufed sostuvo en su texto que la causa penal radicada en el órgano jurisdiccional contra una persona, donde se realizó un cateo que derivó en el hallazgo de armas de fuego y sustancias ilícitas, se remarca que Contreras Martínez, en la audiencia inicial, actuó conforme al principio de contradicción y no vinculó al imputado a proceso, considerando que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley. 

SE ANALIZAN DATOS DE PRUEBA 

Así, la Jufed, defendió la decisión del juzgador, al manifestar que se basó en todos los datos de prueba presentados en ese momento sin considerar criterios políticos ni presiones externas y que la información proporcionada por la Segob respecto a actos relacionados con delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculos con el secuestro de 31 indocumentados en Tamaulipas, es inexacta. 

“Para esta Asociación Nacional la actuación del juez de distrito se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo”, apuntó la Jufed en su boletín. 

Según el perfil del juzgador acusado por la Segob, este ocupa su actual cargo desde diciembre de 2017. Es licenciado en derecho por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, (1996-2001) y tiene dos maestrías. 

IMCM