Avalan en comisiones del Senado nuevo dictamen de Ley de Telecomunicaciones
Ciudad de México.- El nuevo dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue avalado en comisiones del Senado de la República la tarde de este viernes.
El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca transformar el marco regulatorio del sector. Si bien senadores de oposición reconocieron avances significativos respecto a la iniciativa original, también señalaron que los cambios son insuficientes y que persisten temas críticos que consideran inconstitucionales o problemáticos.
Cambios y eliminaciones clave
Uno de los puntos más relevantes es la eliminación del controvertido artículo 109, que habría permitido el bloqueo temporal de plataformas digitales. Esta supresión responde a preocupaciones por posibles actos de censura y busca garantizar la libertad digital.
También se eliminaron los artículos 201 y 202, relacionados con la censura previa. Además, se suprimieron las facultades que la propuesta original otorgaba a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital para intervenir en contenidos o bloquear plataformas.
El nuevo dictamen protege la confidencialidad de las comunicaciones en el artículo 107, permitiendo excepciones solo por mandato judicial.
Nueva Estructura Regulatoria
La reforma se deriva de una modificación constitucional del 20 de diciembre de 2024, que extingue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfiere sus funciones al Ejecutivo Federal.
En su lugar, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como la nueva autoridad reguladora, responsable de formular, aplicar y supervisar políticas en telecomunicaciones, radiodifusión, uso del espectro radioeléctrico y acceso a infraestructura tecnológica.
Un pilar fundamental de esta nueva estructura es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT.
La CRT, que contará con independencia técnica, operativa y de gestión, asumirá gran parte del trabajo del extinto IFT y actuará como un contrapeso a la Agencia de Transformación Digital.
Estará encargada de resolver, supervisar y dictar lineamientos regulatorios basados en criterios técnicos y pluralidad institucional.
La CRT supervisará y promoverá el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, las redes públicas, servicios de infraestructura pasiva y la comunicación satelital.
Estará compuesta por cinco comisionados propuestos por la prresidenta de la República y ratificados por el Senado.
Acceso Universal y Soberanía
La iniciativa propone cerrar la brecha digital y transformar las telecomunicaciones en un servicio público universal, garantizando el acceso equitativo a internet de banda ancha. Reconoce la conectividad como un derecho habilitador de otros derechos fundamentales.
Además, busca digitalizar y simplificar los trámites relacionados con infraestructura, y establece mecanismos innovadores como esquemas de uso compartido del espectro, entornos de prueba (sandboxes regulatorios) y redes inteligentes para facilitar la adopción de tecnologías emergentes.
Se promueven las concesiones comunitarias y de pueblos indígenas, y se fortalece la figura del radioaficionado como actor clave en emergencias.
La ley también incorpora un marco específico para la regulación de la comunicación satelital, incluyendo el control del uso de recursos orbitales y el manejo de desechos espaciales.
En cuanto a la soberanía, el artículo 209, fracción IX, permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos.
Los artículos 231 y 232 prohíben a los concesionarios transmitir propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, con las mismas excepciones, y exigen que las plataformas digitales con presencia en México se abstengan de vender espacios publicitarios con fines no permitidos.
Finalmente, el artículo 100 establece que, ante situaciones de emergencia (desastres naturales, guerra, amenazas a la seguridad nacional), el Ejecutivo Federal podrá requisar infraestructura de telecomunicaciones.
La ATDT tendrá la facultad de utilizar los bienes y personal de las vías requisadas, contemplando la indemnización por daños y perjuicios, excepto en casos de guerra.
El Artículo 184 prohíbe el uso de equipos que bloqueen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, excepto en centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores.
Controversias y preocupaciones de la oposición
A pesar de los avances, senadores de oposición como Ricardo Anaya (PAN) y Claudia Anaya (PRI) señalaron que persisten tres temas críticos que consideran problemáticos o inconstitucionales. Ricardo Anaya advirtió sobre:
- La creación encubierta de un padrón de usuarios de telefonía móvil, exigiendo identificación oficial (CURP, RFC o pasaporte) para activar líneas telefónicas (Artículos 103 y 164). Esto ha generado preocupación sobre un "Estado vigilante" de las comunicaciones.
- La geolocalización en tiempo real sin orden judicial de los dispositivos móviles, ahora en el Artículo 183. Aunque el dictamen indica que debe ser bajo mandato escrito y fundado de una autoridad judicial para colaboración con instancias de seguridad y justicia, los críticos lo ven como un riesgo.
- La posibilidad de suspender transmisiones bajo el argumento ambiguo de “derechos de las audiencias” (Artículo 253).
Por su parte, la senadora Claudia Anaya (PRI) alertó sobre la inconstitucionalidad en la forma en que se propone la integración de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ya que el Senado no tiene facultades constitucionales para nombrar a sus comisionados según el Artículo 76 constitucional.
También manifestó inquietudes sobre riesgos en temas de interconexión sin garantías de seguridad, la competencia desleal del internet subsidiado por el Estado a través de Altán, y la falta de consulta a pueblos indígenas y personas con discapacidad.
El dictamen ha sido turnado a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para los efectos legislativos correspondientes.