México.- El martes pasado, seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, ya que consideraron que el Congreso de la Unión no tenía las facultades para crear una legislación de este tipo. Este jueves, cuatro magistrados más se mostraron a favor de invalidarla de manera definitiva, con lo que se alcanzó el mínimo de votos requeridos.
SCJN declara como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior #SCJN #LeyDeSeguridadInterior
— Luis Noriega (@licluisnoriega) 15 de noviembre de 2018
Durante la sesión de este jueves, la SCJN emitió la resolución final respecto a la ley, que estaba vigente desde diciembre de 2017, le permitía a las Fuerzas Armadas intervenir en las tareas de seguridad a nivel nacional para combatir, principalmente, al crimen organizado en coordinación con las autoridades estatales y municipales.
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Además, destacaron que el Poder Legislativo, no tienen las facultades para impulsar proyectos en materia de Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Seguridad Interior y refirieron que se saltaron las normas para dictaminar la ley, lo que la hacía inconstitucional.
En cuanto al presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, votó en contra de la Ley de Seguridad Interior y refirió que era necesario anularla en su totalidad ya que podría “generar un mal mayor no deseado” e hizo un llamado crear una nueva legislación que con certeza jurídica.
Por otro lado, la magistrada Margarita Luna, no pudo emitir su voto final ya que salió de emergencia de la sesión, pero anteriormente había declarado que se debía invalidar la ley.
El único que voto a favor de la legislación fue Jorge Mario Pardo, quien propuso la normativa, propuso hacer algunas modificaciones a ésta.
Una ley que nunca se aplicó
Aunque fue aprobada por el Congreso de la Unión y se publicó en el Diario Oficial de la Nación el 21 de diciembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto pidió que no se aplicara hasta que la SCJN emitiera una resolución al respecto, ello después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como algunos diputados, senadores y municipios estatales, interpusieran impugnaciones por considerar como inconstitucional la ley.
Así como las trasgresiones que podían realizarse en contra de los derechos humanos, ya que había ambigüedades y no había claridad en algunos puntos.
Vah
