México.- El próximo jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidirá si la Ley de Seguridad Interior será anulada o no; en el marco de estas decisiones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertó a los magistrados que la aprobación de esta propuesta, podría traer graves consecuencias para México.
Procedimientos Especiales de la ONU envían comunicación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior (HCHR).-
— Juan Calderon (@juancalder) 14 de noviembre de 2018
Seis Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han enviado a... https://t.co/Y1mWH3Sd0E
De acuerdo con el organismo, dicha ley, tendría un impacto negativo en los derechos humanos ya que la protección a éstos disminuiría con el incremento de la violencia, la cual, crecería con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Además, tampoco se ha especificado cuánto tiempo permanecerán los militares a cargo de estas tareas, pues no se contempla la capacitación de los policías estatales y municipales.
“Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate al crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, señalaron que la propuesta tiene conceptos ambiguos como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior” o “amenazan de seguridad interior”, que no resultan claros en cuanto a su naturaleza y esto podría ser tomado como un pretexto para actuar de manera extensiva, arbitraria y discrecional.
La ONU, también mostró su preocupación por la forma en que actúan los militares y marinos, ya que han incurrido en varias violaciones a los derechos humanos y ello implicaría que, cuando hagan alguna acción, no se garantice el respeto a las garantías individuales.
“Las Fuerzas Armadas (tienen la facultad legal de) preservar el lugar de los hecho y poner a disposición de la autoridad correspondiente a personas detenidas, pero no especifica un procedimiento claro para su detención y puesta a disposición de las autoridades, ni establece las garantías procesales necesarias para las personas detenidas”.
Lo anterior puede derivar en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias, situaciones que, en lugar de beneficiar a la población, la perjudicarían e intimidarían.
En 2010, el Comité de Derechos Humanos emitió una recomendación a México para que se impulsaran acciones con el objetivo de garantizar la seguridad pública con la ayuda de fuerzas federales o civiles, pero destacaron que se evitara a toda costa el uso de las Fuerzas Armadas.
Éstas últimas, señalaron que también debían ser investigadas por las autoridades para descartar su participación en agresiones a las garantías de los mexicanos y, en caso de que encontraran alguna culpabilidad, se les tenía que dar algún castigo.
Vah
