Redacción
Ciudad de México.- Han recibido la Cámaras de Diputados y de Senadores, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una iniciativa de ley que consta de 15 puntos, para elevar al organismo al rango de Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
De manera formal, la CNDH confirmó al aviso que había realizado la semana pasada su presidenta Rosario Piedra Ibarra, con lo que asegura se va a “reafirmar su autonomía y potenciar los alcances de su misión”.
En un comunicado, señaló que el planteamiento permitiría a la CNDH a no sólo emitir declaraciones en forma de recomendaciones, sino que éstas cuenten con un carácter de obligatoriedad. “Es lo que desde 2011 mandata el artículo 1º de la Constitución y es la fecha que no se cumple”, lamenta el documento.
Argumenta que esta postura responde a una necesidad de incrementar la protección a las víctimas de violación a los derechos humanos, “quienes reiteradamente señalan su preocupación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, sobre todo en el ámbito local”, abundó el texto.
“La iniciativa, pues, no es producto de un trabajo de gabinete, no es obra de académicos ni juristas sino de las personas que se acercan a esta Comisión en espera de resolución a las quejas que interponen por violaciones a derechos humanos”, enfatizó la CNDH.
Atendiendo el clamor de las víctimas y para dar cumplimiento al Artículo 1o de nuestra #Constitución, presentamos iniciativa para transformarnos en Defensoría Nacional de los #Derechos del Pueblo.
— CNDH en México (@CNDH) January 30, 2023
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LOS 15 PUNTOS
La CNDH cambia de denominación y amplía sus alcances para ser la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
Incorpora el principio pro persona en todas sus acciones y resoluciones.
Transforma las Visitadurías Generales en Defensorías Generales y las Visitadurías Adjuntas en Defensorías Adjuntas.
Las quejas tendrán en adelante el tratamiento de recursos de exigibilidad. Esto, bajo la lógica de que es obligación de todas las autoridades del estado observar, respetar y proteger los derechos humanos.
Incorpora la facultad de solicitar medidas cautelares o precautorias cuando éstas se requieran para proteger los derechos humanos o para evitar la consumación de daños irreparables.
Las recomendaciones que emita la Defensoría Nacional serán exigibles por ella misma para hacerlas cumplir, sin depender de otro órgano (el Senado) como sucede ahora.
Le asigna a la Defensoría la supervisión la progresividad de los derechos humanos en el Estado mexicano a partir de la evaluación de normas, prácticas administrativas, programas, políticas públicas y del ejercicio del gasto público, del seguimiento a las recomendaciones internacionales que se realicen al Estado mexicano, y del cumplimiento de las resoluciones de las instancias internacionales de derechos humanos.
Hace obligatorio el pluralismo y el equilibrio de género en la composición de su personal, que implican la inclusión de todas las personas, profesiones y capacidades, así como la paridad de género en todos los puestos.
Incorpora la misión de promover una cultura de paz mediante el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos, pero también mediante acciones preventivas que incidan en el comportamiento de la autoridad.
Como una forma de afirmación de su autonomía, la persona titular de la Defensoría Nacional y los integrantes de su Consejo Consultivo serán electos por el pueblo mediante procesos de participación ciudadana, y se elimina su posibilidad de reelección.
Se fortalece el papel del Consejo Consultivo en sus funciones de apoyo, como órgano consultor y de asesoría, pero también se definen los márgenes de responsabilidad de sus integrantes.
También se reafirma la autonomía del organismo eliminando la posibilidad de politizar, o más bien partidizar la interpretación de los derechos humanos y quedar presa de las presiones políticas. Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Defensoría Nacional, y a su vez, ningún funcionario de la misma se sujetará a orientación o presión alguna por parte de aquellos. Además, no podrán participar en actos de proselitismo que comprometan sus funciones e independencia.
Su titular y quien ocupe cargos de alto mando en la Defensoría no podrá buscar un cargo de elección popular en el año siguiente al término de su responsabilidad.
Se privilegia la atención directa a las víctimas, eliminando el intermediarismo que ha dado pie a la negociación de los derechos humanos.
Elimina el requisito discriminatorio de contar con título de licenciado en derecho para su personal y privilegia la experiencia en la defensa de los derechos humanos.
IMCM
