Ciudad de México.- Un juzgado federal con sede en la Ciudad de México emitió una sentencia definitiva que ordena la liquidación judicial de CIBanco, marcando el fin de una de las crisis financieras más mediáticas de los últimos años.
Esta resolución, publicada formalmente ayer 12 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se produce tras una serie de graves acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos que vinculan a la entidad con operaciones ilícitas.
Dicho fallo fue dictado por el juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, determina que la institución no cuenta con la solvencia necesaria para operar, toda vez que sus activos actuales son insuficientes para cubrir sus pasivos.
En consecuencia, nombraron al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como el liquidador judicial encargado de tomar posesión y administrar todos los bienes y derechos que aún forman parte del patrimonio del banco.
ORIGEN DEL COLAPSO: SANCIONES DE EU
La caída de CIBanco comenzó a gestarse en mayo de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la institución en una red de lavado de dinero asociada al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Según las autoridades de la Unión Americana, facilitadores financieros como CIBanco permitieron la transferencia de fondos en beneficio de cárteles del narcotráfico, convirtiéndose en piezas operativas dentro de la cadena de suministro de drogas.
Además de CIBanco, otras entidades como Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas en su momento, acumulando en conjunto activos que superaban los 440 mil millones de pesos.
Mientras que Intercam optó por vender gran parte de sus activos a Kapital Bank y Vector transfirió su cartera de clientes a Finamex, CIBanco enfrentó un proceso de revocación de su licencia bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en octubre de 2025.
LAS ACCIONES LEGALES Y PROTECCIÓN
En un intento por revertir su situación, la directiva de CIBanco presentó inicialmente una demanda en la Corte de Columbia, alegando que la orden de separarlos del sistema financiero estadounidense era inconstitucional y que ponía en riesgo miles de empleos.
Sin embargo, la institución retiró la demanda poco tiempo después, aceptando de facto la imposibilidad de operar bajo el escrutinio internacional.
En cuanto a los usuarios afectados, el IPAB informó que se cubrió aproximadamente el 89 por ciento de los depósitos garantizados a los ahorradores de la institución.
Con la nueva declaratoria judicial, se ordena la suspensión de cualquier embargo o ejecución contra los activos del banco, y se prohíbe realizar pagos directos a la entidad sin la autorización expresa del liquidador.
La sentencia también establece el 29 de septiembre de 2024 como fecha de retroacción, lo que permitirá a las autoridades revisar operaciones financieras previas para detectar posibles irregularidades adicionales antes de que la administración cautelar tomara el control.
Tras toda esta medida se busca asegurar que el proceso de liquidación sea transparente y que se identifiquen todas las responsabilidades legales derivadas del manejo de la institución.
IMCM