Diputados aprueban en comisión dictamen de nueva Ley General de Aguas
Redacción
Ciudad de México. - La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo que crea una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. La votación resultó con 28 a favor, 10 en contra —del PRI y PAN— y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano.
Tras casi dos horas de análisis y debate, en las que participaron 12 oradores —seis a favor y seis en contra—, los legisladores decidieron que las reservas al dictamen serán presentadas ante el pleno legislativo. Se prevé que el documento sea remitido de inmediato a la Mesa Directiva, encabezada por Kenia López Rabadán. Posteriormente, se convocará a una reunión exprés con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para determinar si se discute hoy en el pleno, adelantándose a la fecha inicialmente contemplada del 4 de diciembre.
Morena, Verde y PT respaldan la iniciativa
Durante la sesión ordinaria, Morena, Verde y PT destacaron que la aprobación representará justicia hídrica para el país. El diputado del PT, José Luis Montalvo, señaló que la oposición “no aporta propuestas serias al tema”.
Montalvo enfatizó que México opera aún con una ley de 33 años, expedida en 1992, por lo que su actualización es indispensable. Además, aseguró que la iniciativa prioriza el derecho humano al agua y mencionó que ayer se sostuvo una reunión con campesinos de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana para atender sus demandas.
El legislador destacó que el dictamen es “noble a todas luces”, integrado por 124 artículos, de los cuales 54 incorporan propuestas y observaciones de colectivos, comunidades y grupos afectados.
Oposición pide diálogo amplio antes de aprobar la ley
Diputados del PRI y PAN insistieron en que se debía detener el dictamen y abrir un proceso de diálogo con productores, industrias, gobiernos locales y expertos, con el fin de construir una ley “funcional, clara y viable”.
El panista Paulo Gonzalo Martínez señaló que la iniciativa enviada por la presidenta “venía planchada y alejada de la realidad” y que, pese a más de 50 cambios, no atiende problemas de fondo. Criticó que la propuesta no garantiza la transmisión de derechos de agua ni la herencia de pozos, prohíbe usos mixtos agrícolas y pecuarios, no contempla la reposición de pozos colapsados, carece de certeza sobre volúmenes y prórrogas de concesiones, y mantiene sanciones penales que criminalizan a productores rurales.
Por su parte, el priísta Humberto Ambriz Delgadillo advirtió que concentrar el poder en la Federación genera inseguridad jurídica, elimina mecanismos de transmisión de derechos y revisión de concesiones, utiliza criterios ambiguos para cancelar o modificar asignaciones, y abre la puerta a decisiones discrecionales de funcionarios.
