Ciudad de México.- Tras ocho años consecutivos de incrementos extraordinarios al salario mínimo en México, el sector privado plantea un cambio en la política salarial del país.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal patronal mexicana, propone limitar las nuevas subidas exclusivamente a la tasa de inflación a partir de 2027. La iniciativa busca contener el alza de los costos laborales, evitar el cierre de empresas y frenar la desaceleración del empleo formal.
El fin del Monto Independiente de Recuperación (MIR)
La propuesta central del CCE contempla abandonar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), la herramienta que desde 2019 permitió aplicar incrementos de dos dígitos por encima del índice inflacionario. José Medina Mora, presidente de la organización empresarial, argumentó que los aumentos extraordinarios ya cumplieron su propósito inicial de restituir el poder adquisitivo perdido durante décadas.
El dirigente empresarial fue contundente respecto al cumplimiento de esta meta:
Ya es nada más un ajuste por inflación. Una vez que se ha logrado el objetivo, ya no tendría MIR”.
Medina Mora explicó que el objetivo de que el salario mínimo permita adquirir dos canastas básicas ya se alcanzó. Por ello, sostuvo que ahora corresponde preservar dicho poder de compra sin imponer nuevas presiones sobre las empresas ni perjudicar la creación de puestos formales, en un contexto nacional donde la informalidad supera el 50%.
Impacto en los costos laborales y deterioro del empleo
La política salarial impulsada desde 2019 elevó el salario mínimo general de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, lo que representa un incremento nominal superior al 250%. El MIR permitió lograr esta recuperación al sumar un monto fijo en pesos al porcentaje anual negociado, reduciendo efectos directos sobre la inflación.
Sin embargo, el sector empresarial advierte sobre el impacto acumulado en negocios con menores márgenes de rentabilidad y sectores intensivos en mano de obra. En estos rubros, los alzas salariales coinciden con otros cambios legales recientes, como la ampliación de los días de vacaciones pagadas y la reducción gradual de la jornada de trabajo.
Como muestra del impacto de los mayores costos operativos sobre el empleo, Medina Mora citó la situación en la frontera norte:
En Ciudad Juárez, la subida de costes para los empleadores derivó en el cierre de 14 maquiladoras y la pérdida de unos 60,000 puestos de trabajo. A este escenario se suma el proceso gradual para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia 2030, otra transformación que requerirá importantes ajustes organizativos e inversión por parte de las empresas.
Próximos pasos: La negociación tripartita en la Conasami
La postura presentada por el CCE refleja la visión de la patronal y no constituye una decisión oficial ni implica que el Gobierno haya renunciado a continuar elevando los ingresos de los trabajadores. El ajuste definitivo para el salario mínimo de 2027 deberá negociarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
En este organismo tripartito participan representantes del Gobierno, los trabajadores y el sector empresarial. Se espera que la propuesta gubernamental se presente hacia el cierre del año para su posterior análisis y debate entre las tres partes.
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