Redacción
Ciudad de México.- Tras el comienzo del ciclo escolar 2025-2026, basta recordar que una semana antes, Celia Esther Fonseca Galicia, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que la infraestructura educativa en el país se enfrenta a un grave déficit en accesibilidad para estudiantes con discapacidad, situación que limita el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora indicó que apenas el 23.14% de las escuelas primarias y secundarias del territorio nacional cuentan con instalaciones adaptadas para este sector de la población.
Por ello, sostuvo que esta carencia afecta directamente a más de un millón de jóvenes menores de 29 años que requieren una educación que se ajuste a sus condiciones y contextos, por lo que manifestó que esta situación evidencia brechas significativas en el acceso y la calidad educativa.
Fonseca Galicia subrayó que la situación es aún más crítica en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde menos de 10% de las escuelas de nivel primaria y secundaria disponen de accesibilidad.
Ante este panorama, la diputada federal presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación. El objetivo de su propuesta es proteger que toda la niñez y adolescencia, sin excepción, acceda a una educación de calidad, inclusiva y digna, en concordancia con el mandato de igualdad establecido en la Constitución y en los tratados internacionales.
ESPACIOS ACCESIBLES Y ADAPTADOS
Su planteamiento busca establecer la obligación expresa del Estado de asegurar espacios físicos e inmobiliario accesibles, seguros y adaptados a las diversas necesidades del educando. Esto incluye elementos esenciales como rampas de acceso, mobiliario ergonómico, recursos tecnológicos y otros apoyos.
También enfatiza la necesidad de contar con una infraestructura accesible y universal que contemple pasamanos, elevadores, baños adaptados, señalización en braille, pisos táctiles y sistemas de alerta visual y sonora, garantizando que las instalaciones cumplan con los estándares nacionales e internacionales de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.
Indicó que la flexibilidad y la equidad en el acceso a la educación también debe promoverse mediante la adaptación de espacios y mobiliario a las necesidades particulares de cada estudiante.
Fonseca Galicia remarcó que, a pesar de los desafíos evidentes, la inversión destinada a la infraestructura educativa y la accesibilidad ha sido insuficiente para subsanar los daños y carencias, que se vieron exacerbadas por la pandemia de Covid-19 (marzo de 2020 a julio de 2022) en las escuelas. Por ello, apuntó sobre la importancia de que el gobierno federal disponga de los espacios físicos y el mobiliario adecuado para quienes lo requieran, especialmente personas con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o trastornos.
IMCM