EFE
Ciudad de México.- Indígenas de Michoacán exigieron reabrir una investigación contra el exgobernador Silvano Aureoles, por el asesinato de cuatro purépechas ocurrido el 5 de abril del 2017, en una irrupción policial en el poblado de Arantepacua.
El Concejo Comunal de Arantepacua, comunidad enclavada en el municipio de Nahuatzen, informó que a seis años de la masacre "no hay ningún detenido", pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un señalamiento en el que documentó "violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales -por actos constitutivos de tortura-, de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena".
Como parte de esta exigencia, un centenar de indígenas de Arantepacua, apoyados por profesores de educación básica y activistas, marcharon en Morelia, y en su protesta vandalizaron dos vehículos patrulla de la Policía Auxiliar y una torre móvil de vigilancia.
Además, destrozaron los ventanales del Palacio de Gobierno, donde plasmaron pintas en contra de Aureoles y de Adrián López Solís, exsecretario de Gobierno y el actual fiscal General de Michoacán.
Cabe mencionar que la irrupción policial fue autorizada por el entonces gobernador la mañana del 4 de abril de 2017, esto en busca de liberar un centenar de vehículos de carga que los indígenas de Arantepacua mantenían retenidos para protestar por un conflicto de posesión de tierras que se disputan con purépechas del poblado de Capácuaro, en el municipio de Uruapan.
El 5 de abril agentes de la Policía Michoacán y los indígenas se enfrentaron en el acceso de Arantepacua, dejando como saldo cuatro purépechas muertos a balazos -entre ellos un menor de edad-, 31 heridos por golpes o balas y 38 detenidos.
La CNDH también documentó que la Policía del gobierno de Silvano Aureoles cateó ilegalmente 56 viviendas de los indígenas.
A seis años de estos hechos, el Concejo Comunal de Arantepacua exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación, al considerar que López Solís es "juez y parte" al desempeñarse como secretario de Gobierno en la administración de Aureoles, quien actualmente lleva a cabo una gira en busca de la candidatura a la Presidencia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Los indígenas también exigieron investigar a Juan Bernardo Corona Martínez y Carlos Gómez Arrieta, exsecretario y exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quienes encabezaron el operativo en Arantepacua.
Gómez Arrieta fue detenido en septiembre del 2020, acusado de presuntos actos de tortura durante la investigación por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Obtuvo su libertad condicional en mayo del 2022.
