EFE
Ciudad de México.- Familias de los siete policías y dos exagentes detenidos por su presunto rol en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron este jueves liberarlos al denunciar que los usan como “chivos expiatorios” sin que tengan relación en el caso.
Su denuncia llega después de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero informó el miércoles del arresto de nueve policías, siete estatales y dos municipales de Iguala, por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) por dicho caso.
Sin embargo, hoy la SSP precisó que los dos policías preventivos de Iguala ya no estaban en activo por lo que ya no pertenecen a esa corporación municipal.
Familiares de los policías estatales se manifestaron al exterior de la delegación de la FGR en la capital de Guerrero, donde rechazaron que los detenidos hubieran participado en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014, al argumentar que no estaban en servicio en esa ciudad.
También cuestionaron la forma del arresto, pues ocurrió mientras participaban en un curso convocado en la Universidad Policial (Unipol) de Chilpancingo, pese a que varios de ellos están adscritos a otros puntos de la entidad.
La familia del policía Pablo Jiménez Morales, con más de 20 años de antigüedad en la corporación, detallaron que, cuando ocurrieron los hechos de Iguala, él estaba adscrito a la playa de Acapulco, por lo que no hay manera de que tenga relación con ello.
En el caso del policía Ramiro Alvarado Sánchez, sus familiares dijeron que sí estaba en Iguala, pero que en ese momento estaba comisionado en una dependencia y no en función de operativo.
Su hijo, Román Alvarado, aseguró que su papá tiene un historial impecable, porque “no tiene problemas de adicciones y no se relaciona con personas fuera de la ley".
"Ahora se lo quieren llevar para el Altiplano sin permitirnos verlo, eso simplemente no se vale”, lamentó.
Los familiares inconformes denunciaron también que los detenidos están incomunicados y que en las próximas horas los trasladarán al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos y concluye que fue un "crimen de Estado".
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa "verdad", al concluir que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
