Ciudad de México.- Este sábado comenzó la audiencia de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), en donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentará testigos protegidos para documentar los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura.
De acuerdo a fuentes de la FGR, los testigos protegidos están programados para comparecer en la sala de audiencias del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, a donde fue trasladado el funcionario luego de haber sido detenido en su domicilio ubicado en Lomas de Chapultepec.
El extitular de la PGR fue aprehendido ayer en la tarde por elementos de la FGR, en el video de la detención de Murillo Karam se ve cómo el exfuncionario es abordado por agentes, que son acompañados de elementos con uniformes militares y que portan armas largas.
De acuerdo con lo que informó ayer la FGR, la detención ocurrió sin contratiempos, ya que el exprocurador cooperó durante el proceso.
“No es penoso, es político”, respondió.
El tiempo máximo de prisión que se le puede imponer a Murillo Karam como castigo por los delitos, en caso de resultar culpable, es de 72 años, es decir, 50 por la desaparición forzada, 12 por tortura y hasta 10 por los cometidos contra la administración de justicia.
"Quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero (…) A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.", indica el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
En tanto, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura menciona que la pena por incurrir en el delito es de tres a 12 años, además, de 200 a 500 días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo público.
El Código Penal Federal impone dos sanciones distintas por cometer delitos contra la administración de justicia: en caso de cometer algunos de los mencionados es de 3 a 8 años, mientras que la sanción por el resto de ellos es de 4 a 10 años de cárcel.
En caso de ser culpable el exprocurador, el periodo mínimo que puede pasar en prisión es de 31 años, mientras que el máximo es de 72.
La detención del exfuncionario ocurrió un día después de que el gobierno federal presentó los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
