Ciudad de México. - El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México concedió este jueves una suspensión provisional para ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) recibir de inmediato las denuncias formales por desaparición presentadas por 55 madres y familiares buscadores que mantienen un campamento de protesta frente a las instalaciones del organismo.
El amparo fue promovido por la organización Abogados Convencionalistas de México y beneficia a las familias que el pasado 9 de septiembre denunciaron que el Ministerio Público se negó a atenderlas.
FGR deberá informar en 48 horas
La resolución instruye a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a tomar las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial y reportar al juzgado las acciones realizadas en un plazo máximo de 48 horas.
La movilización es encabezada por integrantes de colectivos como Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX, quienes instalaron un plantón frente a la sede de la FGR tras denunciar trabas burocráticas para formalizar la búsqueda de sus familiares.
El juez fijó para el 29 de septiembre la audiencia en la que determinará si concede la suspensión definitiva. La audiencia constitucional, relacionada con el fondo del amparo, está programada para el 16 de octubre.
Familias exigen cumplir resolución
Las familias afectadas pidieron a la representación social acatar el mandato judicial y evitar nuevos obstáculos procesales que, señalaron, prolonguen su permanencia en la vía pública y la revictimización institucional.
La resolución ocurre en medio de la tensión entre colectivos de búsqueda y autoridades ministeriales por la negativa de la FGR a recibir las denuncias mediante comparecencia, situación que derivó en la instalación del campamento de protesta.
Más de 130 mil personas desaparecidas
México registra más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en los registros oficiales. La búsqueda de personas se desarrolla en un contexto marcado por la saturación de los servicios forenses, la impunidad en las investigaciones y las dificultades que enfrentan las familias para lograr la apertura de carpetas de investigación.
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