Ginebra.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) mostró su preocupación por la decisión del Senado de la República de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa (Sedena), lo que supone de facto su militarización pese a que la Constitución consagra el carácter civil del cuerpo.
La decisión del Senado de transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a una secretaría dirigida exclusivamente por militares "deja efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal", indicó el organismo en un comunicado.
"Las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales (...) y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes", subrayó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en funciones, Nada Al-Nashif.
“Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de #DDHH, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) September 9, 2022
Al-Nashif, quien cederá próximamente el cargo al austriaco Volker Türk, recordó que la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, y que ello "no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad".
Además "ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos" contra las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, aseguró la jordana.
También criticó que las reformas aprobadas hoy por el Senado no incluyan disposiciones que garanticen la supervisión civil de la Sedena, "lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas".
También expresó preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
