Pandemia agudiza acceso a justicia en 16 estados: WJP

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- Si bien el sistema de impartición de justicia tiene complicaciones graves, la pandemia del nuevo coronavirus vino a evidenciar aún más esa situación, y es que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, que elabora el World Justice Project (WJP), el puntaje en esta área descendió en 16 de las 32 entidades del país.

“La justicia penal se debilitó en 16 estados del país. Vimos que la efectividad en las investigaciones que realiza la policía y el Ministerio Público es el principal reto del sistema de justicia penal en todos los estados. Vimos que los estados que tuvieron menos medidas de justicia abierta y digital durante la pandemia para poder operar por medios remotos y colorativos con la ciudadanía fueron los que tuvieron mayores descensos en justicia penal”, señaló Leslie Solís, investigadora del WJP.

En la tercera presentación de este tipo de estudio, esa organización internacional sostiene que debido a la ausencia de medidas de justicia abierta y digital, los servicios suspendieron su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, “a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias del país”.

Advierte que la debilidad de las instituciones responsables, sumado a las decisiones adoptadas por la crisis sanitaria dificultaron que las personas tengan posibilidad de presentar una denuncia o que avance con agilidad su proceso.

También advierte que junto a ello, persiste un deterioro sobre la posibilidad de ejercer el periodismo de forma libre y sin temor a censura o represalias.

Con base en el informe de WJP que se basa en una metodología similar a la empleada a nivel internacional para evaluar a países desde hace más de una década, los estados de la República donde la justicia penal cayó son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Dicho Índice se compone de 607 variables agrupadas en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; fue en este último en el que las entidades tuvieron mayores retrocesos entre una evaluación y otra.

IMCM