Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer que puso en marcha una serie de medidas jurídicas de gran alcance tras confirmarse el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en operativos o bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Estos decesos, registrados desde mayo de 2025, motivaron la presentación de un paquete legal que suma acciones ante fiscalías locales, departamentos federales y organismos internacionales de derechos humanos.
A través de un comunicado, la SRE remarcó que el pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, oficializó la presentación de 20 denuncias ante las autoridades de justicia estadounidenses. Esta estrategia se desglosó en ocho quejas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado.
Con base en su explicación, las acciones legales se concentraron específicamente en las jurisdicciones donde ocurrieron las muertes, abarcando los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
INTERVENCIÓN DE LA FGR Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Como parte del robustecimiento de los reclamos, la Embajada de México transmitió al Departamento de Justicia de la Unión Americana, mediante el Departamento de Estado, una denuncia formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a los 17 casos.
De esta manera, el gobierno mexicano solicita formalmente que se inicien las investigaciones correspondientes y se mantenga un informe constante sobre los avances del curso legal de cada expediente.
GESTIONES ANTE LA ONU Y ALERTA EN CENTROS PRIVADOS
A nivel internacional, Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, remitió una misiva al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
En dicho documento, México pide a la ONU que considere recabar información y analice si el actuar de las autoridades migratorias estadounidenses es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Otro elemento de la SRE es que ha sostenido encuentros con el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS, por sus siglas en inglés) para cuestionar las condiciones de habitabilidad y seguridad en los centros de detención, especialmente aquellos gestionados por empresas privadas.
Respecto a un centro en Adelanto, California, Lazzeri Montaño aclaró la postura diplomática sobre una carta de cese enviada a la compañía operadora.
"Se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo", enfatizó.
POSTURA DE SOBERANÍA Y SEGUIMIENTO CONSULAR
Pese a que las autoridades estadounidenses devolvieron algunas comunicaciones diplomáticas, la cancillería mexicana enfatizó que los reclamos fueron establecidos formalmente.
Al respecto, la representación diplomática señaló: "México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática".
Paralelamente, la red consular continúa ofreciendo apoyo logístico a las familias para el traslado de restos, así como acompañamiento legal para las víctimas colaterales.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso de no dejar estos casos impunes, sentenciando que: "La Secretaría de Relaciones Exteriores dará seguimiento puntual a estas acciones e informará sobre las respuestas de las autoridades correspondientes".
Nota informativa.https://t.co/ubt9nO14vn pic.twitter.com/dFoXmjK7IY
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 22, 2026
IMCM
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