Presidente de la Corte califica como 'crimen de Estado' el asesinato del juez de Colima
Ciudad de México.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo que el asesinato perpetrado ayer contra el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, se trató de un "crimen de Estado".
Fausto Alzati Araiza se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 1 de diciembre de 1994 a principios de 1995, cuando fue obligado a renunciar por acreditarse grados de estudio falsos.https://t.co/IpcTIZcGrl
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"Que no haya duda que éste es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones", exclamó el togado del máximo tribunal del país durante su ponencia en la conferencia Los Ministros hablan: El Poder Judicial frente a la pandemia, organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Condenamos enérgicamente el homicidio del Juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. Exigimos de las autoridades competentes el total esclarecimiento de los hechos. Mis condolencias a familiares y amigos. Todo el #PJF está de luto https://t.co/dcIydj03Nu
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Zaldívar Lelo de Larrea reiteró la exigencia para que se esclarezca lo ocurrido, pues es un hecho que lastima profundamente al Poder Judicial de la Federación y también hiere al Estado mexicano.
Reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gabinete de seguridad por ofrecerle su apoyo para coadyuvar en el caso y para que se revisen los protocolos de seguridad para juzgadores federales.
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.@SSalud_mx informó que tras el retraso estadístico de confirmación de fallecimientos por la Covid-19, la cifra recibida es de 770 nuevos casos, por lo que el total llegó a 19 mil 080 y los contagios acumulados aumentaron a 159 mil 793.https://t.co/v8gCkZO4zC
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Villegas Ortiz renunció en 2019 a la protección que se le había brindado por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al considerar que su vida y la de su familia no corría ningún riesgo, esto a pesar de que los casos que tenía bajo su dominio se relacionaban con el narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
IMCM