Ciudad de México.- Durante el foro 14 del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado "Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: TMEC vs. Reforma Eléctrica", los opositores afirmaron que tal y como está redactada, la iniciativa es violatoria del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), mientras que los defensores sostuvieron que la propuesta sí es compatible con las obligaciones internacionales.
Kenneth Smith Ramos, quien fungió como jefe de la Negociación Técnica de México del T-MEC, señaló que la reforma es violatoria al tratado, por lo que de ser aprobada con esta redacción va a derivar en represalias comerciales y demandas multimillonarias.
Aclaró que cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos en materia eléctrica, tiene que ser compatible con el tratado, por ello, aseguró que la propuesta no lo es.
Smith Ramos puntualizó que hay un alto riesgo de que México contravenga el T-MEC en los siguientes puntos: cancelación de permisos existentes; otorgamiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del 54% de la generación; cancelación de certificados de energías limpias; cambio de criterios del despacho; reserva del litio para el Estado.
“El tratado protege las inversiones en el sector eléctrico, en el tratado ya se estableció un nivel mínimo de acceso al mercado y si se reduce sería sujeto a solución de disputas, además la CFE se convierte en juez y parte, cancela los permisos de generación existentes, cambia los criterios de despacho, cancela certificados de energías limpios, entonces, sí, el Estado mexicano tiene la rectoría de sus bienes y tiene el derecho soberano de reformar sus leyes, pero si lo hace tendrá costos muy importantes que pagarán las empresas y los mexicanos”, advirtió.
Respecto a la inversión, explicó que no se puede incumplir con lo establecido en el tratado a menos que existan reservas específicas en las que se hace una excepción, las cuales México no solicitó durante la redacción del T-MEC.
“Como está estructurado el tratado, el sector energético puede seguir abriéndose en el futuro si así decidimos hacerlo; pero lo que no puedes hacer es retroceder. Si se hace, sería sujeto a solución de disputas dentro del tratado, del Acuerdo Transpacífico y el Acuerdo con la Unión Europea”, aseveró.
Ana López Mestre, directora de American Chamber of Commerce of México, señaló que la cancelación de contratos generará desconfianza en el mercado, reiterando en las indemnizaciones millonarias y afectación a las empresas involucradas.
“Esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y del resto del mercado; cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta”, advirtió.
Apuntó que la reforma constitucional repercutirá en la libre competencia y creará prácticas monopólicas, al desaparecer a los órganos reguladores. Además, dijo que México deberá enfrentar litigios internacionales, ya que el tratado contempla herramientas para proteger a los inversionistas.
CFE defiende legalidad de la reforma
En defensa de la iniciativa, el abogado general de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez, aclaró que el TMEC no cuenta con ningún derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico mexicano permanezca inmodificable.
Explicó que en el capítulo 8 del TMEC, se establece que "México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna".
“Esto significa que la reforma que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TMEC, esto anula cualquier intención de cuestionar su validez a la luz del Tratado Comercial, y de ninguna manera lleva a una expropiación directa o indirecta”, explicó.
Almudena Otero, abogada de litigios estratégicos de la CFE, agregó que el Tratado tiene un capítulo dedicado a la protección de las inversiones, en la que se establece un mecanismo de arbitraje internacional para resolver las disputas que surjan entre empresas y el Estado.
Además, sostuvo que la reforma no tiene efectos discriminatorios, pues cumple con tres principios claves: nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato.
“En este sentido se aprecia que la reforma no tiene efectos discriminatorios porque no favorece a inversionistas de un país en particular, por lo que todos los inversionistas tendrán las mismas circunstancias. Si el trato otorgado por el Estado mexicano a una inversión o inversionista se ajusta a esos tres estándares, entonces las medidas son compatibles con el T-MEC”, puntualizó.
La abogada argumentó que los inversionistas privados seguirán teniendo una participación de hasta 46% en la generación de la energía eléctrica, por lo que los inversionistas podrán competir entre sí en el margen propuesto en la iniciativa.
“En esta materia, tampoco hay violaciones, los extranjeros contarán con las mismas oportunidades para competir en el 46 por ciento de energía disponible con los inversionistas mexicanos, la norma no distingue entre nacionales y extranjeros”.
Pese a ello, Ana López, aseveró que la iniciativa afectará la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética, la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, así como los compromisos del TMEC.
“Sí afecta los compromisos porque cancela permisos y contratos en los que ya se hicieron inversiones muy importantes, esto no solo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes. En el TMEC se ratificó un modelo de libre negocio, paradójicamente esta reforma cancela contratos y cambia las reglas lo que en términos del tratado significa una expropiación indirecta, viola el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, afecta la libre competencia y prevención de prácticas monopólicas y pone a México en riesgo de enfrentar litigios internacionales”.
Agregó que el riesgo real de que la reforma sea aprobada, es que las empresas privadas reducirán sus inversiones en México, representando pérdidas para el país, toda vez que 1 de cada 3 pesos de inversión extranjera directa proviene de EU.
