Registro obligatorio de celulares en México podría detonar un mercado negro de chips

Por Ernesto Becerra

El registro obligatorio de líneas móviles en México, que entró en vigor el 9 de enero de 2026, nació con la promesa de combatir las llamadas de extorsión y fraude telefónico, uno de los delitos que más afectan a la población. Sin embargo, a pocas semanas de su implementación, la medida ya enfrenta fallas técnicas, vacíos legales y advertencias de especialistas sobre posibles consecuencias no previstas.

El nuevo esquema obliga a los usuarios de telefonía móvil a registrar sus datos personales para poder conservar o activar una línea. Aunque en el papel suena como una solución efectiva, en la práctica la implementación ha sido problemática. Un ejemplo reciente fue la filtración de datos personales de usuarios que realizaron el registro en los primeros días a través del sistema de Telcel, lo que encendió las alertas sobre la capacidad de las empresas para resguardar información sensible.

El riesgo: un mercado negro de SIMs “listas para usarse”

Ahora, el país podría enfrentar un problema aún mayor. De acuerdo con un reporte de El Financiero, especialistas advierten que la regulación podría abrir la puerta a la reventa clandestina de tarjetas SIM ya activadas, operadas por terceros que se aprovechen de los vacíos legales y de la premura con la que se implementó la medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Sergio Legorreta, abogado especializado en telecomunicaciones y socio del despacho FisherBroyles, aseguró que es prácticamente inevitable la creación de un mercado secundario ilegal.

“No tengo la menor duda de que se va a crear un mercado ilegal de líneas telefónicas ya activadas, listas para usarse, y que se van a vender en grandes cantidades. No me sorprendería que en unos meses veamos publicaciones en Facebook o marketplaces ofreciendo este tipo de líneas”.

Usuarios sin documentos, los más afectados

Legorreta explicó que uno de los principales detonantes de este mercado clandestino será la exclusión de personas que no cuentan con documentación en regla. Aclaró que no todos los usuarios que recurran a estas prácticas lo harán con fines delictivos.

“Hay un número importante de personas que no tienen identificación oficial, no porque sean criminales, sino porque su documentación no está en orden o simplemente no la tienen. La regulación los está orillando a la informalidad”.

El problema es que este mercado paralelo podría convertirse en el caldo de cultivo perfecto para actividades ilícitas, como la extorsión telefónica, delito que cerró 2025 con un incremento del 23.1% respecto a 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un vacío legal que facilita la reventa masiva

Otro punto crítico, según el especialista, es que cualquier ciudadano puede registrarse ante el SAT como persona física con actividades empresariales, lo que permite contratar múltiples líneas sin una verificación adicional estricta.

“El sistema permite que una sola persona registre un volumen enorme de líneas. No hay límites claros: pueden sacar 50 mil números o más y dedicarse a la reventa de chips”.

Durante años, México ha combatido el uso de SIMs desechables en actividades ilícitas. Aunque el nuevo requisito documental busca erradicar esta práctica, expertos en regulación coinciden en que, sin opciones accesibles para todos los sectores sociales, el problema podría agravarse.

La solución no es endurecer, sino adaptar

La abogada especialista en derecho digital Patricia Gómez señaló que el verdadero reto para el Gobierno y los operadores será evitar que millones de personas queden fuera del sistema formal.

“Si no se garantiza el acceso a usuarios con carencias de documentación, se incentivará el mercado negro, donde se pierde toda trazabilidad”.

Gómez enfatizó que la solución no pasa por imponer más requisitos, sino por crear vías alternativas de validación confiables, acordes a la realidad socioeconómica del país, especialmente para quienes no cuentan con identificación oficial o están fuera del sistema bancario.

Piden aplazar la medida y cerrar vacíos legales

Finalmente, Sergio Legorreta coincidió en que es necesario aplazar la aplicación del registro, no solo para que los operadores refuercen su infraestructura de protección de datos, sino para que la CRT atienda los vacíos legales existentes.

“Deben poner atención a la proliferación de ventas de líneas no oficiales y establecer mecanismos de denuncia y supervisión antes de que este mercado paralelo cause mayores daños”.

Por ahora, el registro de líneas móviles sigue avanzando, pero las advertencias de especialistas dejan claro que, sin ajustes urgentes, la medida podría terminar alimentando el mismo problema que busca combatir.