Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que México necesita elevar de manera urgente la inversión hasta alcanzar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), señalando a la inversión privada nacional como el principal motor para cumplir esta meta y acelerar el ritmo de crecimiento de la economía.
Durante su participación en el foro 'Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento: Oportunidades del Plan México', José Medina Mora, presidente del CCE —organismo que representa el 80% del PIB del país—, expuso que si bien la inversión pública resulta fundamental, esta debe complementarse necesariamente con capital privado, inversión extranjera y esquemas de financiamiento de largo plazo.
El dirigente empresarial recordó que el Plan México prevé un volumen de inversiones por 5.6 billones de pesos (aproximadamente 329 mil 412 millones de dólares) con un horizonte hacia 2030, además de contar con un fondo de infraestructura de 722 mil millones de pesos (unos 42 mil 471 millones de dólares) destinados para el presente ejercicio fiscal.
Para cumplir con las metas del plan y apoyar la aspiración gubernamental de que México transite de ser la economía 13 a la décima a nivel global, Medina Mora propuso una estrategia de incremento gradual de la inversión: elevarla primero a 25%, posteriormente a 28% y, finalmente, consolidarla en 30% del PIB.
El líder patronal enfatizó que, aunque toda aportación suma, la inversión privada de origen nacional es la más relevante para el desarrollo.
DESTRABE DE PROYECTOS Y REDUCCIÓN DE BUROCRACIA
Para movilizar estos flujos de capital, el CCE puntualizó que el país requiere de proyectos que sean técnicamente sólidos y financieramente viables, acompañados de certeza jurídica y regulatoria, una correcta distribución de los riesgos y el apoyo de la banca de desarrollo como catalizador para estructurar las obras estratégicas.
Bajo estas condiciones de diálogo, Medina Mora reveló que el gobierno ha logrado destrabar, desde el pasado 4 de mayo, proyectos de inversión retenidos por un valor estimado de 3 mil 500 millones de dólares en múltiples sectores y regiones del territorio nacional.
Este avance se concretó luego de que el sector empresarial identificara durante el primer trimestre del año diversas trabas, tales como:
• Dependencias gubernamentales que no daban resolución a las solicitudes.
• Trámites de carácter burocrático excesivamente prolongados.
• Procesos de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que mantenían congelados los capitales.
Tras exponer estos obstáculos directamente ante el gobierno de Claudia Sheinbaum, la respuesta de la administración federal incluyó la promulgación de cuatro decretos y el establecimiento de un consejo de inversión encabezado por la propia mandataria, el cual sesiona de manera semanal.
Entre las medidas adoptadas, destacan los nuevos plazos regulatorios impuestos a la Cofepris, que ahora dispone de menos de 30 días para resolver trámites de proyectos en polos de desarrollo o sectores estratégicos; para el resto de los casos, se decretó la aplicación de la afirmativa ficta si la autoridad no emite una respuesta en un plazo de 90 días.
IMCM
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