SCJN invalida resolución del INAI que ordenaba a la FGR a revelar nombre y cargo del personal
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este jueves invalidó la resolución de 2019 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar los nombres y cargos de su personal, pues consideró que esto pondría en riesgo su vida, seguridad y salud.
La determinación de la SCJN se dio al discutir el proyecto elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, a quien se turnó el expediente de la controversia constitucional promovida por Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, en contra de la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 del INAI el 28 de agosto de 2019.
Con 7 votos a favor, el Pleno de la Corte resolvió que revelar los datos de los agentes del Ministerio Público de las diversas subprocuradurías de la FGR vulneraría la integridad del personal.
Laynez Potisek indicó que, de acuerdo con la teoría del mosaico, revelar información de la Fiscalía, que aparentemente es inofensiva y aislada, podría ser recopilada y procesada, que se podía llegar a conclusiones útiles sobre las capacidades de la FGR.
“La metodología consiste en recopilar información dispersa, después unirla con la finalidad de descubrir una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación, en este caso, para dificultar las actividades de procuración de justicia o peor aún, para llevar a cabo actos de contra inteligencia para combatir los actos de seguridad pública a cargo de la Fiscalía General de la República”, dijo el ministro.
Indicó que la resolución del INAI obligaba la publicación de datos sensibles, por lo que con la información se puede identificar plenamente a la persona.
“Con el nombre de persona se puede acceder a información relativa a los siguientes tipos de datos: identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, referentes e, inclusive, a familiares de los servicios públicos; pero, sobre todo, la organización o la estructura organizacional de la fiscalía. Revelar nombre y cargo de los ministerios públicos, representa revelar la capacidad del Estado, la capacidad de fuerza del 73% de los ministerios públicos. Revelar los cargos del personal operativo sustantivo implica entregar todos los datos concentrados de nueve mil noventa y cuatro servidores públicos encargados de la investigación y persecución de los delitos federales”, afirmó.
VOTAN EN CONTRA
Los ministros Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Norma Lucía Piña Hernández votaron el contra del proyecto y declararon la improcedencia de la controversia constitucional al considerar que la Constitución establece que las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables.
"Se abriría la puerta para que todos los sujetos obligados con legitimación para promover la controversia constitucional, en términos del artículo 105 Constitucional, impugnen por esta vía las resoluciones del INAI", advirtió la ministra.
Ante lo anterior, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo que "no creo que podamos tener algún órgano autónomo cuyas determinaciones no sean revisables en algunas de sus aristas".
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz expuso que la Corte debe ser sensible ante el contexto actual nacional de seguridad pública y los altos índices de delincuencia.
"En mi opinión, este hecho sí compromete las investigaciones en las que están involucradas las personas cuya información ha sido revelada", argumentó.
También recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que las entidades tienen la obligación de asegurar que los servidores públicos cuenten con las garantías de seguridad para llevar a cabo sus funciones.
FGR LLEVA CASO A LA CORTE
La FGR, tras la resolución del INAI en 2019, entregó la información del personal administrativo de todas las áreas solicitadas, menos de quienes laboraban en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) al alegar razones seguridad.
Al mismo tiempo, un ciudadano acudió al INAI requiriendo el nombre y cargo de todo el personal adscrito a las subprocuradurías y fiscalías especializadas en la investigación de delitos como tortura, desaparición forzada, contra la salud, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de su Comité de Transparencia, la FGR negó esa solicitud y ordenó reservar la información por cinco años, con base en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que acudió a la Corte.
En la Corte, la Fiscalía admitió la controversia constitucional 325/2019 sobre el tema y se le otorgó una suspensión, que hasta el día de hoy concluyo.
Con información de Latinus, La Razón y Expansión
