Ciudad de México.- El colectivo Seguridad Sin Guerra y senadores del Grupo Plural, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), presentaron ante la Mesa Directiva del Senado de la República un paquete de 10 reformas constitucionales que busca desmilitarizar la seguridad pública en México, fortalecer la formación de elementos civiles y revisar el pacto social en materia de seguridad.
En rueda de prensa, los senadores del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez y Gustavo Madero; la príista, Claudia Anaya; y la emecista, Indira Kempis, acompañados de especialistas y activistas, destacaron que este paquete de 10 reformas buscará que se discuta en parlamento abierto la iniciativa presidencial que plantea que la Guardia Nacional (GN) forme parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Álvarez Icaza expuso que el paquete va más allá de “si la Guardia Nacional deba o no incorporarse a las Fuerzas Armada. Nos parece que lo que tenemos que revisar es el pacto social en materia de seguridad”.
Argumentó que no se debe normalizar la presencia militar porque no tiene sentido y limita más la libertad, además de que sigue protegiendo el pacto de impunidad en las masacres y desapariciones en los que se ven involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, reconoció que por ser una reforma constitucional se requieren dos terceras partes del Senado para su beneplácito, por lo que es indispensable un proceso de parlamento abierto para que se expongan alcances, así como dialogar con todas las fuerzas políticas.
Por su parte, la senadora del PRI, indicó que la reforma incluye el tema de los derechos laborales de los servidores públicos en materia de seguridad, así como crear un modelo de seguridad democrático ciudadano con respeto y apego a los derechos humanos.
Ante ello, dijo que es alarmante es que “sólo el 20% de los más de 100 mil integrantes de la Guardia Nacional tienen la cobertura de su certificado de confiabilidad con el que contaban los anteriores integrantes de la Policía Federal que extinguimos. Es un retroceso en la formación y profesionalización de policías civiles a nivel federal estatal y municipal”.
También ante los medios, Susana Camacho, del colectivo Seguridad Sin Guerra, detalló que se busca desmilitarizar el actual esquema de seguridad en el país, donde el 80% de los integrantes de la GN provienen de las Fuerzas Armadas.
La activista argumentó que la relevancia de la reforma es replantear una alternativa bastante viable para empezar a formar policías de carácter civil y que sea abiertamente parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional para que los casos de masacres cometidos por autoridades de carácter militar puedan llegar a esas instancias.
Igualmente criticó lo ocurrido con el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que "fabrica" delitos para perseguir a dos mujeres inocentes, “el mismo fiscal que exoneró a Salvador Cienfuegos a quien se paseaba hace unos días en Santa Lucía, el mismo fiscal que arrastra una veintena de escándalos”.
Por último, refirió el caso Ayotzinapa, donde, apuntó, quedó claro que ni la voluntad política alcanza para acabar con la impunidad militar de los elementos que participaron antes durante y después de la noche de Iguala donde desaparecieron 43 normalistas.
La iniciativa de reforma fue presentada e impulsada también por el Observatorio Nacional Ciudadano, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y México Unido Contra la Delincuencia.
Con información de El Universal
