Ciudad de México.- La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lanzó una dura advertencia sobre la situación de gobernanza en México, asegurando que existe una simbiosis operativa entre las autoridades y las organizaciones del narcotráfico.
Durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, celebrada en Orlando, Florida, Terry Cole, director de la agencia, afirmó que el combate a esta unión delictiva es la máxima prioridad estratégica para el gobierno estadounidense.
El titular de la DEA fue tajante al describir la relación que, según sus informes, existe entre las redes criminales y el aparato estatal mexicano, generando con ello un nuevo episodio de tensión diplomática y de seguridad.
Ante un foro compuesto por fiscales, policías y familiares de víctimas del fentanilo, Cole sostuvo que la DEA emplea todos sus recursos contra los facilitadores del tráfico de drogas, incluyendo a quienes ostentan cargos públicos.
"Ponemos todo el poder de esta agencia en la lucha contra los cárteles... Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano, son la misma cosa. En la DEA, son nuestra prioridad número uno", destacó Cole en su intervención.
El funcionario vinculó estas acciones con la política de seguridad nacional de la Unión Americana, subrayando que la salud de sus ciudadanos no tiene precio.
Además, informó que la estrategia actual permite, hasta ahora, la incautación de 568 millones de dosis de fentanilo y destacó operaciones recientes que lograron el aseguramiento de cuatro millones de pastillas y más de una tonelada de narcótico en polvo en un lapso de seis semanas.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO
Tras los señalamientos, el Gobierno de México emitió un rechazo categórico, calificando las palabras de Cole como afirmaciones sin evidencia que contradicen los avances logrados en la presente administración de nuestro país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó un balance operativo para desestimar la idea de una colusión con el crimen organizado, resaltando que, desde el inicio del sexenio, el 1 de octubre de 2024 hasta junio de 2026, han detenido a 59 mil 582 personas vinculadas a actividades ilícitas.
El gobierno federal argumentó que su estrategia es efectiva, consiguiendo el decomiso de 498 toneladas de narcóticos, de las cuales más de dos mil kilogramos corresponden específicamente a fentanilo.
Asimismo, destacaron que, bajo la Operación Enjambre y otros despliegues, se procedió legalmente contra las estructuras políticas infiltradas.
"Más de 80 servidores y exfuncionarios quedaron bajo arresto por presuntos vínculos con actividades ilícitas... El balance incluyó a siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de su captura", sostuvo la SSPC.
En cuanto a la cooperación bilateral, México subrayó la extradición de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos, incluyendo al piloto Mauro Alberto Núñez, alias "El Jando", señalado como pieza clave en la extracción-captura de Ismael "El Mayo" Zambada el 25 de julio de 2024.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, justificó estas entregas señalando que estos individuos "hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado", debido a su capacidad de corromper funcionarios y seguir operando desde las prisiones.
EL CASO ROCHA MOYA Y LA SOBERANÍA
La controversia también alcanzó la esfera política local, particularmente en relación con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones por parte del Departamento de Justicia de EU.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su respaldo a las instituciones nacionales.
"Confío en la Fiscalía. Y ahí en lo que dice el gobernador, pues hay que escucharlo. Pero la Fiscalía está haciendo una investigación por los delitos que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa", puntualizó la mandataria, recordando que incluso el exembajador Ken Salazar llegó a mencionar que no contaba con información que vinculara directamente a Rocha con la delincuencia organizada.
Finalmente, el gobierno federal enfatizó que la relación con Washington debe mantenerse bajo principios de soberanía y confianza mutua, rechazando cualquier intervención que ignore los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad mexicanas para reducir la violencia, la cual, según cifras oficiales, ha visto una caída del 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en los últimos dos años.
IMCM
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