Si avalan impuesto a remesas en EU, economía familiar sería la golpeada, advierten
Redacción
Ciudad de México.- Una propuesta que está en manos del Senado de Estados Unidos para imponer un impuesto a las remesas enviadas desde su territorio enciende las alarmas en México, ante el potencial riesgo de un severo impacto económico en millones de hogares y el fomento de canales de envío de dinero riesgosos e informales, advierten expertos y autoridades.
La iniciativa, impulsada como parte del proyecto presupuestario del presidente Donald Trump, contemplaba un gravamen inicial del 5%, pero luego de avalarse en la Cámara de Representantes el 22 de mayo pasado se rebajó al 3.5%.
No obstante, expertos aseveran que esta medida afectaría principalmente a México, el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, sólo después de India, y donde más del 95% de estos flujos provienen de la Unión Americana.
Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, estima que, de concretarse esta carga fiscal, los flujos de remesas a México podrían disminuir hasta en 3 mil millones de dólares (mdd) en un año. Este monto, aunque significativo, palidece ante el récord histórico de casi 65 mil mdd recibidos en 2024, lo que lleva a algunos estudios a sugerir que el golpe total para la economía mexicana si se pierden esos flujos podría ser de esos mismos 65 mil mdd.
IMPULSO AL MERCADO NEGRO Y VARIOS RIESGOS DE SEGURIDAD
Sin embargo, uno de los riesgos más preocupantes es el fomento de un mercado negro de envíos. Gabriela Siller explicó que “todas estas imposiciones generan distorsiones”, llevando a los migrantes a buscar maneras de evitar el impuesto, por lo que esto podría incluir el intento de enviar dinero en efectivo a través de familiares que viajen a México o buscar ayuda de amigos o familiares exentos del pago de esta tarifa.
Pero estas vías informales conllevan una mayor inseguridad. En ese sentido, el especialista Gerardo Esquivel, exsubgobernador del Banco de México (Banxico), advierte que al recurrir a rutas no convencionales, los indocumentados quedarían expuestos a fraudes y robos.
Esquivel señaló el peligro de ser víctimas de estafadores que prometan envíos libres de impuestos, mientras que Siller apuntó a la inseguridad del efectivo, especialmente si se viaja por carretera en México.
Como parte de este escenario, un análisis del grupo financiero BBVA alertó además que el uso de “canales no convencionales” para el envío de remesas podría “incentivar la participación de organizaciones criminales en estas actividades”. Esquivel coincide al manifestar que el crimen organizado podría identificar alternativas no fiscalizadas y ofrecer servicios, “contaminando estos envíos”. El riesgo mayor, sin embargo, es el de fraudes a los que estarían sujetos los remitentes.
Damian Fraser, director de la consultora Miranda Partners, calificó la ley “gringa” como “desafortunada y contraproducente” porque genera opacidad, Fue así que subrayó que si se utilizan terceros o se envía efectivo, “se pierde el control sobre el recurso y se abre la puerta al lavado de dinero”, explicó.
HABRÁ UN IMPACTO DIRECTO EN HOGARES CON VULNERABILIDAD
Aunque el impacto macroeconómico para México podría ser limitado según algunos análisis, el golpe sería “a nivel de hogar” y “distributivo”. Las remesas son la principal fuente de ingresos para millones de familias, siendo fundamentales para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde las remesas representan más del 10% del PIB estatal, sufrirían un “duro golpe”. El encarecimiento del envío de dinero implicaría una contracción inmediata en el consumo interno en regiones completas de la nación.
Incluso, el gravamen propuesto se enfocaría en migrantes sin documentos, quienes, al no tener forma de recuperar el dinero a través de reembolsos fiscales, serían los principalmente afectados.
Para Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, la propuesta estadounidense se enfoca a indocumentados, aunque estima que el efecto total podría no ser tan grande debido a que muchos mexicanos son ciudadanos o residentes legales y existen otros canales alternos.
No obstante, para aquellos que no están legalizados en EU, la medida es una “flagrante violación en términos de discriminación”.
DESACUERDO DEL GOBIERNO FEDERAL DE LA “CUATROTÉ”
Desde hace más de tres semanas, el Gobierno de México viene expresando su “desacuerdo” con la iniciativa, calificándola de anticonstitucional y discriminatoria. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denuncia que el planteamiento viola el tratado bilateral entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación. “No solo es injusto, es ilegal”, sentenció días atrás.
Sheinbaum Pardo afirma que su Administración continuará los esfuerzos para comunicar a los legisladores estadounidenses los efectos negativos del gravamen, enviando equipos a Washington para dialogar con representantes y senadores.
Desde Estados Unidos, esta potencial normativa es vista por analistas como parte de la estrategia del presidente Trump para endurecer su discurso migratorio y fiscal de cara al proceso electoral. Ha sido criticada por organizaciones como el Caucus Hispano del Congreso (CHC), que la considera “un golpe directo al corazón económico de las comunidades migrantes”.
Y aunque el impuesto busca aumentar los ingresos fiscales de EU, especialistas coinciden en que la recaudación sería “mínima”, estimada por Banco Base en 2 mil 266 mdd con el 3.5% de gravamen, una cifra que dice, es ínfima comparada con el PIB de ese país.
IMCM