Solicitan juicio político contra Adán Augusto López por presuntos nexos con narcos
Redacción
Ciudad de México.- María Elena Pérez Jaén, exdiputada federal del PAN, presentó una demanda de juicio político en contra de Adán Augusto López Hernández, senador y coordinador de Morena en ese recinto legislativo.
La solicitud fue ingresada este lunes ante la Secretaría General del recinto legislativo de San Lázaro. En cuya queja, la exlegisladora dijo que su reclamo es por los presuntos nexos del tabasqueño con el crimen organizado durante su periodo como gobernador en dicha entidad, que abarcó de enero de 2019 a agosto de 2021.
Pérez Jaén, quien presentó la petición en su calidad de ciudadana, deberá regresar en tres días a la Secretaría General para ratificar el recurso.
VÍNCULOS CON "LA BARREDORA"
La panista señaló que López Hernández debe aclarar presuntos actos y omisiones que habrían favorecido a narcotraficantes durante su gestión. En específico, la demanda vincula al extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) directamente con Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, a quien el acusado nombró secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presuntamente es el líder de la organización criminal “La Barredora”.
Bermúdez Requena permaneció en el cargo hasta inicios de 2024 y hoy se encuentra bajo custodia federal en el penal mexiquense de Almoloya de Juárez, luego de haber sido arrestado el pasado 12 de septiembre en Paraguay y expulsado de esa nación a los cinco días, para posteriormente llegar a México el pasado jueves.
Para la exdiputada blanquiazul, López Hernández permitió, encubrió y benefició redes criminales en Tabasco, particularmente a “La Barredora”.
CARGOS Y SANCIONES SOLICITADAS
En su denuncia, Pérez Jaén acusó al coordinador de los senadores de Morena de:
• Tráfico de influencias.
• Cohecho (soborno).
• Encubrimiento.
Argumentó que estos actos se tradujeron en un grave incumplimiento de sus responsabilidades en el servicio público, redundando en perjuicio del interés público. También señaló que López Hernández presuntamente favoreció la operación de empresas y contratos ligados a actividades ilícitas, como la constructora Gravera Río Puxcatán.
Las sanciones que la exdiputada federal solicitó incluyen la destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura de los procesos penales correspondientes.
El escrito se encuentra respaldado por informes oficiales de inteligencia militar obtenidos a través de la vulneración y filtración de documentos del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que llevó a cabo el colectivo Guacamaya Leaks en septiembre de 2022, además de notas periodísticas.
IMCM
