Ciudad de México. - El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó solicitar licencia a su cargo ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), junto a otros funcionarios mexicanos, solicitando su detención y extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
“No (voy a pedir licencia). No adelantemos vísperas, todo en su momento”, declaró ante medios durante un evento en Navolato.
El mandatario estatal aseguró que no teme a las acusaciones y afirmó que no existe motivo para su separación del cargo.
“No temo, no hay nada que temer. Yo siento que soy una persona limpia. No tengo temor de nada”, sostuvo.
No obstante, dejó en claro que no responderá por el resto de funcionarios señalados en el caso.
“Cada quien. Cada quien que dé la cara por sí mismo”, dijo.
🚨 "No hay nada que temer, soy una persona limpia", afirma Rubén Rocha Moya tras ser acusado de narcotráfico por parte de #EEUU.
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) April 30, 2026
Cuestionado sobre si se separará del cargo durante la investigación, el mandatario dijo: "no adelantemos vísperas, todo en su momento".
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Acusación del Departamento de Justicia de EU
Cabe recordar que el DOJ acusa al gobernador de Sinaloa de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”.
Asimismo, que enfrenta tres cargos graves: conspiración para el tráfico de narcóticos, posesión de armas automáticas y explosivos, además de la planeación para poseer dicho armamento.
El documento acusatorio, de 34 páginas, también involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, incluido el senador Enrique Inzunza, por su presunta colaboración con la red delictiva.
De ser hallado culpable, las autoridades estadounidenses estiman que la sentencia podría oscilar entre 40 años de cárcel y cadena perpetua.
Sheinbaum deja el caso en manos de la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura ante la acusación de autoridades estadounidenses contra el mandatario estatal y señaló que la investigación debe ser conducida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Planteó que, en caso de existir elementos de prueba “contundentes e irrefutables”, la autoridad ministerial deberá actuar conforme a derecho, incluso en solicitudes de detención o extradición.
Cuestiona motivaciones y rechaza injerencia
Sheinbaum advirtió que, si no se presentan pruebas sólidas, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
También subrayó que México no permitirá intervenciones externas “en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
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