Suprema Corte no logra impedir aplicación automática de prisión preventiva oficiosa
Redacción
Ciudad de México.- Con todo y que nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que el carácter automático de la prisión preventiva oficiosa ha derivado en violaciones a los derechos humanos, su votación no fue suficiente para conseguir la mayoría calificada que permitiría acotar su implementación en el país.
Por lo que el máximo tribunal únicamente ha invalidado una parte de la reforma de 2019 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se incluyó tres delitos fiscales que ameritan esta medida cautelar, los cuales son: defraudación fiscal, facturación falsa y contrabando. Tras esto, dichos ilícitos no se considerarán como un ataque a la seguridad nacional.
De esta forma, la SCJN ha dejado sin aplicación esta figura contenida en los artículos 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional.
Ahora, las personas acusadas bajo estos cargos podrían recibir la figura de prisión preventiva, pero con carácter de justificada; es decir, cuando lo determine un impartidor de justicia.
Una vez realizado el resumen de los votos, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aclaró que la interpretación del artículo 19 constitucional, que preveía eliminar la prisión preventiva oficiosa solo obtuvo seis votos, por lo que se aclara que ésta determinación va a seguir vigente para las nueve imputaciones contempladas en la ley, entre las que destacan delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, violación, entre otros.
A pesar que este segundo proyecto a discusión fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien aseguraba que contenía las coincidencias de sus colegas para lograr un aval unánime, esto no se consumó y fue así que el análisis del contenido se quedó con a medias, dado que proponía interpretar la oficiosidad de la prisión preventiva oficiosa no como algo automático, sino como la apertura de un “debate” por parte de los jueces para fundamentar exhaustivamente cuando debe implementarse.
IMCM
