TEPJF ordena a INE a analizar si giras de ‘corcholatas’ son actos anticipados de campaña

Foto: Cuartoscuro

Redacción

Ciudad de México.- Este sábado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) volverá a discutir sobre otorgar medidas cautelares contra las “corcholatas” de Morena por actos anticipados de campaña.

En sesión extraordinaria, la Comisión del INE informó que retomará la solicitud en atención a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para discutir si las giras de los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación (4T) violentan la equidad de las contiendas electorales y si es necesario ordenar su suspensión.

El pasado 13 de julio, en sesión privada, la Sala Superior del TEPJF revocó, por mayoría de votos, el acuerdo del INE donde rechazó las medidas cautelares solicitadas por Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), en contra de los morenistas.

La Comisión del INE previamente rechazó las medidas bajo el argumento de que los eventos y recorridos relacionados con el acuerdo de Morena eran válidos, pero tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como Álvarez Máynez impugnaron ante la Sala Superior.

El pleno, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el TEPJF resolvió que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no cumplió con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada para cada persona involucrada, a partir las pruebas ofrecidas por los denunciantes y las recabadas por la propia autoridad administrativa, a fin de establecer si se justificaba la adopción de medidas cautelares.

Por ello, ordenó a la Comisión emitir un nuevo acuerdo en el que determine si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda. De ser el caso, dictará las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían ser una infracción, con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales.