Tren Maya podría generar un tráfico ilegal de maderas

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- Una vez que el 15 de junio el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) impugnó la resolución de un juez federal que ordenó suspender por tiempo indefinido la construcción del tramo 5 del Tren Maya, Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), consideró que es necesario señalar las responsabilidades de quienes decidieron emprender las obras sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin los procedimientos de cambio de uso de suelo forestal. 

Sin importar la deforestación que se ha efectuado, Fonatur insistió en la construcción de este tramo que corre de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo. Por lo que la suspensión definitiva impide en estos momentos la ejecución de obras relacionadas con construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

En este sentido, el experto en seguridad resaltó que la poca efectividad y resultados de la estrategia de seguridad del gobierno federal, así como el desmantelamiento, abandono u omisiones de dependencias medio ambientales en México, han provocado que el “incendio” de inseguridad se extienda también hacia otros sectores menos visibilizados, como el maderero.

RESALTA OMISIÓN DE PROFEPA

Indicó que la Profepa debió actuar de forma inmediata, sin embargo grupos ambientalistas, que incluso han presentado una demanda colectiva contra la autoridad federal por 26 mil millones de dólares por daños ecológicos, afirman que está desmantelada e incapacitada para operar, toda vez ha descuidado sus responsabilidades de hacer cumplir la ley en materia ambiental, violando el Artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que la obliga a denunciar actos u omisiones que puedan constituir delitos conforme al Código Penal Federal. 

Para Desfassiaux, la falta de apoyo y menor asignación presupuestal a dependencias, comparando 2018 con 2022, como la Profepa (-22%), Semarnat (-26%) o Conafor (-40%), según datos de la SHCP, las orilla a cometer por omisión, delitos que posteriormente propician otros en cascada, como en el caso Tren Maya y el desmonte masivo de los bosques tropicales de Quintana Roo y Yucatán, principalmente; donde cada árbol talado y traficado ilegalmente por grupos criminales que podrían estarse haciendo del recurso, alcanza los 5 mil dólares en los mercados nacionales e internacionales.

GRAN NEGOCIO CRIMINAL 

Desfassiaux dijo que el proyecto del Tren Maya aumentaría el tráfico ilegal de maderas preciosas y semipreciosas, que alcanzan un valor de casi 80 millones de pesos por decomiso (cuando se consiguen), pero el problema de fondo, subrayó, es la generación de recursos “ilimitados” para el hampa, y es que de acuerdo con asociaciones ambientales como Jaguar Wildlife Center, se afectarán unos 8 millones de árboles con esta obra, lo que podría suponerle unos 40 mil millones de dólares al crimen organizado. 

“Resulta insólito que en tiempos modernos donde se privilegia la cultura ambiental, regresemos al México de los años 40 del siglo pasado, cuando el Estado emprendió grandes proyectos de deforestación con la intención de ampliar la frontera agropecuaria durante el famoso reparto agrario, que no le trajo ningún beneficio al país, y que, al mismo tiempo, hoy fortalece al crimen organizado”, refiere en su análisis. 

“México se encuentra en una situación compleja y sin precedentes, pues quien ha ejecutado parte de los trabajos de desmonte para el proyecto del Tren Maya ha sido el Ejército, probablemente la única Institución confiable, disciplinada, leal y eficiente que nos queda, por lo que sería muy riesgoso que se le ponga en una situación de vulnerabilidad y que después le vayan a querer echar la culpa, sea por el daño ambiental, o porque la estrategia de seguridad del país no funcionó”, comentó.

URGE VERDADERA ESTRATEGIA 

Fue de esta manera que el presidente de GMSI consideró que más allá de la conveniencia de ordenar un estudio profundo del impacto ambiental ocasionado por el Tren Maya a instituciones académicas, pagado por Fonatur y coordinado por Semarnat, se requiere un nuevo enfoque para combatir la tala y el comercio ilegal de madera en el país, “ante la ineficacia de la estrategia actual contra delitos ambientales”. 

“La corrupción y la tala ilegal están estrechamente relacionadas, aunado a la falta de aplicación de justicia, se nos presenta un cultivo ideal para que la delincuencia organizada siga fortaleciéndose y el medio ambiente deteriorándose”, lamentó.

IMCM