Redacción
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca incautar al menos 19 propiedades de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su círculo cercano, valuadas por casi 18 millones de dólares, ubicadas en Florida, Estados Unidos, que habrían sido obtenidas con recursos públicos extraídos mediante una red de corrupción.
La UIF reveló en un comunicado la lista de propiedades de García Luna y sus allegados, que actualmente están aseguradas por una demanda civil contra dicha red que interpuso el gobierno mexicano ante un tribunal de Florida.
Se trata de departamentos en edificios de lujo cercanos a la playa, los cuales suman un costo de 17 millones 930 mil 402 dólares.
Entre las personas demandadas se encuentran la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; tres empresarios de la familia Weinberg, Natan Wancier Taub, el ingeniero José Francisco Niembro González y su esposa, Martha Virgina Nieto Guerrero, así como 44 personas morales.
DESCONGELAN CUENTAS
Por otra parte, la UIF reveló que mediante amparos las personas cercanas a García Luna lograron desbloquear más de la mitad de los recursos que en un inicio les congelaron.
La dependencia específica que congeló las cuentas de 90 personas por un monto de 25 millones 920 mil 195 pesos, pero actualmente sólo están bloqueados 6 millones 962 mil 25 pesos, es decir, se descongelaron el 73% de los recursos.
También se les había bloqueado un monto de 140 mil 420 dólares, de los cuales el 64.62%, 90 mil 752 millones de dólares, ya están desbloqueados.
En general, la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló 595 cuentas, de las cuales sólo 387 siguen bloqueadas, el 65%; de estas 11 son de García Luna por un monto de 21 mil 256 pesos.
Entre las cuentas desbloqueadas por amparos se encuentran las de Luis Cárdenas Palomino, exjefe de seguridad regional de la extinta Policía Federal (PF), dicha acción se realizó el pasado 25 de enero por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Además, el 21 de febrero, la UIF informó que un tribunal revocó la decisión de un juez que negó un amparo a Pereyra Gálvez, para evitar su inclusión en la lista de personas bloqueadas en 2019.
DEMANDA CIVIL POR PROPIEDADES
La demanda civil “para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano” fue presentada el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade.
“Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en Florida”, detalló la UIF.
Los contratos adquiridos fueron por la extinta PF, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y la Procuraduría General de la República (PGR), para servicios de mantenimiento y comunicaciones.
La red de corrupción fue denunciada el 19 de febrero de 2019 ante la FGR, cuya pesquisa sigue en curso.
