Urge Presidencia a la Corte suspender discusión del 'Plan B' de reforma electoral
Redacción
Ciudad de México.- Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es vital que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenda el análisis del “Plan B” de la reforma electoral y en su lugar se debatan las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) que datan de antes de 2018.
En un comunicado, esta instancia solicitó a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la citada normativa el 11 de mayo de 2018 y una vez que se dé una resolución, se pase al campo de la validez de la reforma aprobada en diciembre de 2022, conocida como “Plan B”.
La Consejería subrayó que con este llamado busca evitar sentencias contradictorias y pidió que estos asuntos se resuelvan “sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
PRI Y PAN DIERON SU AVAL HACE 5 AÑOS
Basta recordar que la Ley General de Comunicación Social fue aprobada con las mayorías del PAN y del PRI el 11 de mayo de 2018, antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, acusando que hubo vicios en el procedimiento legislativo para su aprobación y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.
“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, remarcó en su texto la Consejería.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, apuntó en el documento.
IMCM
