En Estados Unidos, ciudadanos demandan por detenciones ilegales y brutalidad
El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una avalancha de demandas multimillonarias presentadas por ciudadanos estadounidenses que alegan haber sido detenidos, agredidos y maltratados durante las redadas migratorias. Las querellas acusan al Ejecutivo de violaciones sistemáticas de derechos constitucionales, con solicitudes de indemnización que ascienden hasta los 50 millones de dólares.
Los casos, que se han convertido en una constante legal, exponen el presunto uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria de personas legalmente presentes en el país.
El constructor hispano detenido dos veces en Alabama
Una de las querellas más recientes fue presentada el pasado lunes por Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción estadounidense de ascendencia mexicana. García Venegas demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras ser detenido dos veces en el estado de Alabama, donde las obras de construcción se han vuelto un foco recurrente para los agentes migratorios.
Representado por el Institute for Justice, García Venegas alega que sus detenciones fueron "irrazonables" y violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones sin causa probable.
Primera Detención (Mayo): Agentes enmascarados irrumpieron en la obra, lo derribaron y esposaron a pesar de que él les gritaba que era ciudadano. Incluso después de mostrar su identificación REAL ID, lo mantuvieron esposado por una hora.
Segunda Detención (Junio): Fue detenido nuevamente. Los agentes se negaron a aceptar su identificación, lo sacaron del lugar y lo detuvieron junto a otros, liberándolo veinte minutos después junto con otros residentes legales.
La demanda ha sido planteada como una querella colectiva que incluye a 19 ciudadanos y residentes legales que habrían sido detenidos bajo circunstancias similares, buscando una indemnización por el daño infligido.
El anciano recién operado agredido en Los Ángeles
Otro caso estremecedor es el de Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años y dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles. Shouhed demandó al Gobierno tras ser supuestamente atacado y detenido el pasado 9 de septiembre.
Videos de seguridad muestran a agentes enmascarados irrumpiendo en su negocio. Cuando Shouhed intentó dialogar sobre sus empleados, los agentes supuestamente lo insultaron y lo arrojaron violentamente al pavimento. La agresión incluyó a un agente presionándole el cuello con la rodilla mientras otro le torcía los brazos.
El anciano les suplicó que se detuvieran, advirtiéndoles que se estaba recuperando de una cirugía de corazón y no podía respirar. La querella señala que los agentes ignoraron sus súplicas y lo trasladaron esposado a un centro de detención, donde permaneció retenido casi 12 horas sin recibir atención médica y se le negaron las llamadas. Shouhed alega haber sufrido fracturas, lesiones graves y traumatismo craneoencefálico.
La demanda de Shouhed busca una indemnización de 50 millones de dólares y acusa al DHS de uso excesivo de la fuerza y violación de la Ley Bane de California, que prohíbe interferir con los derechos constitucionales mediante la amenaza o el uso de violencia.
Petición a la ONU por "Acciones Brutales"
Esta ola de litigios se suma a las demandas presentadas en agosto por otros cinco ciudadanos y residentes permanentes que fueron detenidos arbitrariamente. Entre ellos se encuentra Cary López Alvarado, quien asegura que fue detenida estando embarazada y que esto provocó el nacimiento prematuro de su bebé.
Luis Carrillo, abogado que representa a estos cinco demandantes —y que busca al menos un millón de dólares en indemnización por cada caso—, calificó las acciones de los agentes migratorios como "brutales". El objetivo de estas querellas es detener el uso excesivo de la fuerza por parte del DHS.
Debido a la gravedad de los abusos reportados, Carrillo se ha unido a la congresista Maxine Waters y a la activista Dolores Huerta para elevar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitando una investigación internacional sobre los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes por igual.
