Redacción
Ciudad de México. – El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, destinó 40 millones de dólares para deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe publicado por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Informe revela sistematización de deportaciones
El documento, divulgado el viernes por la noche, es fruto de una investigación de diez meses que revisó los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones, prácticas que antes se utilizaban de manera "excepcional" y que, según el comunicado, la administración Trump ha sistematizado.
La senadora Jeanne Shaheen, quien encargó y dirigió el informe, señaló que el Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de las relaciones diplomáticas.
Destinos y nacionalidades de los deportados
Según el informe, el coste de las deportaciones hasta enero de 2026 probablemente supera los 40 millones de dólares, ya que se entregaron más de 32 millones directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau.
De los 300 inmigrantes deportados, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025. Los restantes 51, cuya nacionalidad no se especifica, fueron enviados a los otros cuatro países, principalmente Guinea Ecuatorial y Eswatini.
Críticas a la eficiencia y el costo de las operaciones
El informe destaca que más del 80 % de los deportados a terceros países ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo, y critica que Estados Unidos pagó para enviar migrantes a terceros países para después pagar su retorno al país natal.
Los senadores demócratas advirtieron que el Gobierno busca retirar el estatus legal a miles de inmigrantes mediante la suspensión de beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o permisos humanitarios, lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países.
El informe concluye que estas operaciones son caras e ineficientes, representan un despilfarro, financian gobiernos corruptos sin supervisión, circunvalan el derecho migratorio de Estados Unidos y carecen de transparencia tanto en los acuerdos como en su cumplimiento por los terceros países.
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