Ciudad de México. - Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, impuesta a principios de año por el Gobierno del presidente Donald Trump.
La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que la medida era “manifiestamente ilegal” y concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicarla.
Cuestionan prohibición de visas
En una sentencia de 61 páginas, Vargas cuestionó el argumento de la Administración estadounidense de que los solicitantes de los países incluidos en la directiva representaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
Señaló que funcionarios estadounidenses habían recibido instrucciones para negar visas incluso a personas que cumplían con los requisitos y que probablemente serían autosuficientes.
El fallo establece que las solicitudes debían ser evaluadas de manera individual, como establece la normativa migratoria estadounidense.
Países afectados
La directiva incluía a países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
También estaban incluidos Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros países.
La suspensión comenzó en enero y afectó la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de las naciones contempladas en la medida.
Fallo podría llevar a revisar miles de solicitudes
Entre los demandantes se encuentran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes de visa fueron rechazadas con base en la nueva política.
También participaron seis ciudadanos estadounidenses que señalaron afectaciones a familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según información citada por The New York Times.
Además de invalidar la medida, la jueza revocó las denegaciones de visas basadas exclusivamente en esa política, lo que podría llevar a la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas.
Organizaciones celebran decisión
Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, calificó el fallo como una “victoria significativa” para familias afectadas por la suspensión de visas.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, señaló que la decisión representa un rechazo a una política que, según la organización, afectó a familias y comunidades.
Hasta el momento, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no se han pronunciado sobre la decisión judicial.
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