OECO: Ecuador facilitó proliferación de armas durante auge criminal

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EFE

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) emitió un informe en el que alerta que el Gobierno de Ecuador, bajo el mandato presidencial de Guillermo Lasso (2021-2023), facilitó la proliferación de armas de fuego en el mercado legal e ilegal del país, en un momento de auge y expansión de la violencia de las bandas del crimen organizado.

El informe '¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador' aseveró que "la centralidad de las armas de fuego en las dinámicas de violencia en Ecuador (presentes en nueve de cada diez homicidios en 2023) es el resultado de una flexibilización de las normas internas que permiten la importación, la fabricación, el comercio y el porte de armas".

"A pesar del crecimiento de la violencia armada, el 1 de abril del 2023, el Gobierno ecuatoriano aprobó varias medidas que ampliaron el mercado legal de armas de fuego", sostuvo el OECO, financiado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL) e implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf).

Entre esas medidas estuvo la legalización de la importación y porte de armas de uso civil con fines de autoprotección y la reducción del impuesto especial que tenían las armas de fuego en Ecuador del 300 % al 30 %.

Para el OECO, "estas decisiones fueron adoptadas a pesar de la debilidad institucional del Estado para ejercer un efectivo control sobre los permisos de porte y tenencia de armas; de la creciente corrupción en instituciones relacionadas con la seguridad; y de las duras críticas de algunos sectores de la sociedad civil hacia el Gobierno por fomentar la adopción de medidas de autoprotección y privatización de la seguridad en lugar de promover una política pública de seguridad".

"Este cambio ha facilitado la proliferación de armas en medio de un proceso de expansión de las actividades criminales en el país, lo que ha permitido el crecimiento de un activo y sombrío mercado", sentenció el informe.

 

Débil control

 

Según el Departamento de Control de Armas de Ecuador, en 2021 existían 146.401 armas de fuego legalmente registradas en el país, el 58 % en manos de la Policías y de las Fuerzas Armadas y el 42 % en poder de empresas de seguridad privada y personas particulares.

Sin embargo, el Obervatorio señaló que "apenas el 26 % de los permisos concedidos para el porte de armas estaban vigentes, mientras que el 73 % estaban caducados".

"Estos datos demuestran que Ecuador no cuenta con las capacidades institucionales (o la voluntad política) para ejercer un adecuado control sobre los usuarios obligados a renovar sus permisos y sobre el destino final de sus armas", remarcó el documento.

"Pese al número de armas legales en circulación reconocidas por el Gobierno de Ecuador, la investigación realizada para este informe sugiere que las que se encuentran al margen de la ley superan de manera significativa aquellas legales", agregó.

También incidió en las dificultades que tienen las personas para adquirir los permisos de porte de armas para autoprotección, lo que finalmente les lleva a recurrir al mercado negro, y "esta contracción ha propiciado el aumento de la circulación ilegal de armas en el país".

 
Recomienda más supervisión e investigación

 

En ese sentido, el Observatorio recomendó a las autoridades ecuatorianas atender la falta de claridad en el registro de permisos legales de porte y tenencia de armas, así como fortalecer los controles de armas y municiones en posesión tanto de las empresas de seguridad privada como de capacitación sobre el manejo y destrezas en el uso de armas de fuego.

También consideró necesario que la Policía dedique mayores esfuerzos a la investigación del tráfico ilícito de armas, especialmente respecto a rutas y comercialización de armas en internet y redes sociales.

Además de estar entre los diez países con mayor incidencia de la criminalidad a nivel mundial, actualmente tiene la mayor tasa de muertes violentas de América Latina, con 47,25 por cada 100 000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016, según el reporte del OECO.

"En menos de una década, ha pasado de ser el segundo país más seguro de América del Sur, después de Chile, a convertirse en el más violento", concluyó.

 

mfdo.