Ciudad de México. - La organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) denunció que tres testigos de la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado, quien falleció por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, están siendo presionados por el Gobierno de Estados Unidos para aceptar su deportación sin posibilidad de una audiencia ante un juez de migración.
Salgado, residente en Estados Unidos desde hace más de 30 años y trabajador de la construcción, murió tras recibir los disparos cuando viajaba en una camioneta hacia una obra. Los otros tres ocupantes del vehículo —su hermano, Víctor Salgado Araújo, y sus compañeros Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas— fueron detenidos por los agentes de ICE.
Según Juan Proaño, director de LULAC, los tres hombres se encuentran en centros de detención y "están siendo presionados para que firmen órdenes" de deportación, sin la opción de una audiencia ante un juez. Proaño señaló que, aunque están en situación irregular, tienen vínculos de larga data con la comunidad, y alertó sobre el riesgo de expulsar a los únicos testigos del hecho antes de que puedan comparecer ante una investigación independiente.
Tanto la familia de la víctima como activistas y legisladores demócratas han exigido una investigación completa y transparente. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que ya abrió una pesquisa interna sobre el incidente.
De acuerdo con el portavoz del DHS, los agentes abordaron la camioneta en un operativo específico para detener a Salgado. Las autoridades afirman que el conductor ignoró las instrucciones e intentó arrollar a los oficiales, lo que provocó que un agente disparara "en defensa propia".
Contexto de muertes por agentes migratorios
En lo que va del año, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos. Entre los casos recientes se encuentran los de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, fallecidos durante un operativo en Minnesota.
Dichos decesos generaron disputas jurisdiccionales entre las autoridades estatales, que iniciaron pesquisas independientes, y el Gobierno federal, que sostiene que las jurisdicciones locales no tienen competencia para investigar ni enjuiciar a los agentes.
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