Xiomara Castro ordena transición de poder en Honduras en medio de acusaciones de fraude electoral

Con información de EFE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó iniciar el proceso de transición y el traspaso de mando al próximo Gobierno encabezado por el conservador Nasry “Tito” Asfura, quien asumirá el poder el 27 de enero, al que calificó como un Ejecutivo “de facto”, en medio de una disputa por los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Durante una ceremonia policial, Castro instruyó a los ministros de Seguridad, Gustavo Sánchez; de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero; y al director de Servicio Civil, Russel Garay, a organizar el proceso de transición y entrega del poder, pese a que —sostuvo— el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declararon ganador a Asfura sin contabilizar más de un millón de votos en los tres niveles de elección.

La mandataria afirmó que su Gobierno cumplió con el deber constitucional de financiar los comicios y puso a las Fuerzas Armadas a disposición de las autoridades electorales. De acuerdo con los resultados oficializados en diciembre, Asfura, del Partido Nacional y con respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo 40.27% de los votos; seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39.53%; mientras que Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con 19.19%.

Castro recordó que la semana pasada sancionó un decreto para realizar un recuento voto por voto, impulsado por el presidente del Parlamento, Luis Redondo, pese a que el CNE ya había oficializado los resultados. 

El 9 de enero, un grupo minoritario de diputados propietarios y suplentes de Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la mandataria—, aprobó en sesión extraordinaria una iniciativa para contar la totalidad de los sufragios.

Las actas con inconsistencias fueron trasladadas al TJE, que tiene plazo hasta el 20 de enero para presentar un informe definitivo e inapelable. Mientras tanto, centenares de militares y policías resguardan el material electoral.

La presidenta también denunció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió por unanimidad un amparo con suspensión del acto reclamado y ordenó al fiscal general, Johel Zelaya, detener las investigaciones por presuntos delitos electorales, decisión que calificó como una “negación de justicia”.

Ante este escenario, Castro reiteró que no permanecerá “ni un día más, ni un día menos” en el poder y llamó a la juventud a no guardar silencio frente a lo que describió como un “monstruoso fraude electoral”, responsabilizando al bipartidismo tradicional de los partidos Nacional y Liberal de haber “anarquizado” al país.