Por Patricia Guillén
@patito1811
Después de haber agotado todos los recursos en las instancias del gobierno de la Ciudad de México y del país, habitantes de las 26 colonias que conforman el polígono de Granadas-Anáhuac, en la delegación Miguel Hidalgo acudieron a autoridades internacionales para denunciar la violación de sus derechos humanos, a la ciudad, al medio ambiente; falta de participación ciudadana y desinformación, luego de que desde 2005 desarrolladores inmobiliarios comenzaron a comprar grandes predios ocupados para edificar torres sin orden.
En los últimos cinco años se han generado cerca de 13 mil viviendas en la colonia, así lo informó, Gustavo García, abogado de los habitantes que interpusieron la queja.
El recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, fue con la finalidad de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera rinda un informe de lo que los colonos han manifestado.
El abogado precisó que presentaron pruebas del convenio que firmaron desarrolladores para financiar el plan maestro de las Granadas, el cual se mantenía como información privada.
Explicó que en el polígono existe únicamente 2.30 metros de áreas verdes por habitante, cifra que está por debajo de los nueve metros recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Argumentó que el lugar carece de espacio público y áreas verdes, además de que se desconocen cuántos polígonos, permisos y licencias se han otorgado, aunque el 25 de julio el titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, refirió que había 80 proyectos luego de que se reactivó la Ventanilla Única y de que el 29 de abril del 2015 se creará el Sistema de Actuación por Cooperación (Sac) Granadas con un plan maestro.
Gustavo García informó también que hace más de 10 años, los desarrolladores compraron en 29 mil pesos el metro cuadrado en predios que tenían cinco niveles permitidos bajo el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo, vigente desde el año 1997, además de que hubo fusión de predios para obtener colindancias con vialidades que les permitió utilizar la Norma 10 para construir más niveles de los autorizados que van desde cinco hasta los 22.
En 2010 comenzaron las preventas de departamentos con costos de 20 mil pesos por metro cuadrado. Esas inmobiliarias edificaron cerca de 60 condominios de los cuales 30 no cuentan con permiso de ocupación y tampoco han trabajado en la regla de mitigación que es una obligación por Ley. El costo del metro cuadrado actualmente es de 45 mil pesos.
Con la denuncia esperan que “el gobierno mexicano rinda un informe y convoque a los vecinos a mesas de trabajo con todos los actores para hacer pública la actual especulación inmobiliaria, y se integre un expediente y se evalúe si hay o no violaciones a los derechos humanos en dicha zona”.
