Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR), por el uso excesivo de la fuerza contra seis personas que fallecieron en un operativo realizado en octubre de 2014.
La recomendación también fue dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que de acuerdo con las investigaciones, las violaciones a los derechos humanos son atribuibles a personal militar, por actuaciones y omisiones de servidores públicos de ambas fiscalías.
El organismo acreditó diversos indicios para cuestionar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza de elementos militares adscritos al 102 Batallón de Infantería de la Sedena, por hechos acontecidos el 30 de octubre de 2014, en el municipio de Luvianos, Estado de México.
En ese lugar se realizó un operativo que derivó en un enfrentamiento armado entre civiles y personal militar, en el que perdieron la vida seis personas, entre ellas dos mujeres adolescentes.
La comisión observó que las pruebas de química forense realizadas por la PGR (de aquel entonces) a las seis armas que se encontraron próximas a las víctimas, determinaron que no fueron disparadas.
También observó irregularidades posteriores al uso de la fuerza atribuibles a personal militar y de la fiscalía estatal, toda vez que el agente del Ministerio Público del fuero común omitió ejercer sus funciones de investigar, a pesar de haber acudido al operativo, para evitar el deterioro o contaminación de los indicios.
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En lo que respecta a la responsabilidad que se atribuye a la fiscalía estatal, la CNDH observó que el Ministerio Público en Luvianos tampoco actuó con la diligencia debida en la investigación sobre la desaparición de las dos mujeres adolescentes, iniciada semanas antes de los hechos.
Ante ello, la comisión solicitó a la Sedena, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) repare integralmente el daño a los afectados, indirectas y familiares, que incluya atención psicológica, así como la correspondiente compensación económica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Con información de Notimex
IMCM
