Netflix, Amazon, Mercado Libre: ¿Quién tendrá ojos en tus compras y series?

La reciente aprobación de reformas al Código Fiscal de la Federación, impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum como parte del Paquete Económico 2025, ha encendido las alarmas en el sector tecnológico y de derechos humanos. La nueva legislación obliga a las plataformas de servicios digitales a otorgar al gobierno acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros, una medida que, según expertos, vulnera gravemente la privacidad de los usuarios.

La reforma, plasmada en el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), busca supuestamente fortalecer la transparencia y la vigilancia fiscal sobre los negocios digitales que operan en México. Esto incluye desde gigantes del streaming y el e-commerce como Netflix, Amazon y Mercado Libre, hasta plataformas de enseñanza, citas o servicios de intermediación.

Acceso total y permanente, sin justificación previa

La preocupación central radica en el nivel de intrusión que permite la ley. Fabiola Peña, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) –que agrupa a empresas como Meta, Mercado Libre y DiDi–, fue enfática al señalar que la reforma no se trata de asegurar el cumplimiento fiscal de las plataformas, sino de conseguir "acceso a información del usuario en tiempo real, de manera permanente y en línea".

Actualmente, las plataformas solo están obligadas a proporcionar información fiscal de un usuario mediante un requerimiento de autoridad competente, debidamente fundado y motivado. Con la nueva disposición, el gobierno tendría una llave de acceso constante a las transacciones, compras, ventas y adquisiciones de servicios de los usuarios. La ALAI considera esta medida como "desproporcionada" e innecesaria, dado que no existe un historial de incumplimiento por parte de las plataformas que justifique tal nivel de vigilancia.

Artículo 19 advierte sobre censura y bloqueos

Las reservas no son solo del sector empresarial. La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, ha calificado la medida como una "interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad". Sostiene que el acceso total y permanente a la información de la ciudadanía es "abiertamente desmedida" para los fines que persigue la fiscalización.

Pero la crítica más severa se centra en las sanciones por incumplimiento. La ley contempla el bloqueo temporal del acceso al servicio digital, lo que, según Artículo 19, se traduce en una potencial restricción a plataformas utilizadas por millones de personas para informarse, comunicarse y expresarse. La organización concluye que dicho bloqueo es "incompatible con el derecho a la libertad de expresión, por ser una medida de censura por medios indirectos".

Riesgos de ciberseguridad y el T-MEC

Además del impacto en la privacidad, la reforma genera inquietudes operativas y de seguridad. La ALAI advirtió sobre la vulnerabilidad en ciberseguridad que implicaría para el gobierno mexicano manejar tal volumen de datos sensibles. "Imagínate lo apetecible que sería para un ciberataque", señaló Peña, urgiendo al gobierno a implementar una "robusta estrategia de ciberseguridad" antes de cualquier implementación.

Finalmente, la Asociación advirtió que esta medida sin precedentes es un tema de incertidumbre jurídica que, sin lugar a dudas, será llevado a la mesa de revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dado el impacto directo que tiene sobre las empresas multinacionales y el ecosistema digital en general.