Por Víctor H. Zamora
Priva en el ambiente nacional una tendencia visceral a crisparnos al sólo escuchar la posibilidad de impulsar reformas en ciertos temas, que se han convertido en tabú en las políticas públicas, en particular si los promueve el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Lamentablemente las más de las veces se recurre al linchamiento mediático sin el menor análisis de las propuestas, sino por un comportamiento espejo que replica la postura de líderes de opinión que no siempre tienen el mejor de los juicios, provocando exactamente la misma conducta reaccionaria e intolerante, pero en sentido contrario, de los más duros seguidores de AMLO, mostrando más bien que son la otra cara de la misma moneda.
Así sucedió con el “ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo, que fue motivo de ira y escozor simplemente por incluir el tema de energías limpias o renovables, aun cuando tuvo como objetivo frenar abusos por parte de generadores privados, que se beneficiaban de prácticas que socializaban costos y privatizaban jugosos beneficios, evitando así que la disminución de costos beneficiara a los consumidores (un tema con bastante materia para un próximo artículo). Estoy seguro de que sólo un pequeño porcentaje de quienes condenaron la publicación realmente profundizó en el tema, fuera de los entes cuyos indebidos beneficios fueron directamente afectados y que tienen una gran capacidad de movilización de opiniones.
Víctima de esta misma tendencia tenemos el más reciente tema, que son las Afores, sobre las cuales el presidente declaró que al término de la emergencia se revisarán para evitar afectaciones a los trabajadores, generando inmediatas reacciones condenatorias aún sin siquiera haber mencionado el sentido que se pretendía dar a la revisión, sin siquiera analizar la verdadera situación que prevalece en este campo que tiene en desventaja a los ahorradores y en el paraíso a las administradoras.
Debo aclarar que no estoy defendiendo propuesta alguna del presidente, porque ni siquiera la hay. Al momento sólo ha manifestado su intención de revisar el tema para mejorar el panorama de los futuros jubilados, pero aún no hay una propuesta concreta (si bien en 2019 ya presentó una iniciativa, aunque no fue de tanta profundidad pero fue aplaudida por la calificadora Fitch), por ello el rechazo es cuestionable y las acusaciones de que pretende estatizar y disponer de los recursos de las Afores son meramente especulativas.
El propósito de este artículo es más bien justificar por qué creo que es necesaria la revisión del marco en el que operan las Afores, e invitar a los detractores a canalizar su activismo, real o virtual, a promover que la revisión se realice sin sesgos y que cualquier reforma que se implemente sea realmente en beneficio de los ahorradores.
Para este artículo debo dar crédito a un gran amigo, Víctor Centeno, Economista y Maestro en Políticas públicas, que me compartió un detallado análisis respecto a este tema, del cual se desprende la pertinencia de una revisión urgente y cuyos puntos principales explico a continuación.
Hay que empezar por señalar que las Afores tienen invertido el 53% del ahorro de los trabajadores en bonos gubernamentales de deuda pública, por ello de alguna manera gran parte de los recursos de los ahorradores ya los dispone el estado. Si este pretendiera quedarse con el 47% restante ni siquiera dependería de una reforma legislativa, pues podría hacerlo en cualquier momento modificando una regla de la CONSAR, para aumentar el porcentaje que obligatoriamente debe invertirse en deuda gubernamental.
Si bien la comisión ha bajado, se mantiene en promedio en 1% del saldo de la cuenta del trabajador, y el problema mayor estriba aquí, ya que al aplicarse sobre el saldo de la cuenta se castiga el ahorro, pues mientras más ahorre el trabajador mayor monto de su ahorro se va a la comisión, operando además como una especie de anatocismo, ya que mes con mes la comisión se cobra sobre el saldo anterior más el nuevo, y así sucesivamente.
Un estudio de Deloitte menciona que, de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una comisión de 1% en las Afores (sobre rendimientos constantes), puede equivaler a 20% del total de ahorros de los trabajadores.
La distorsión derivada del modelo es tal que, independientemente del desempeño de la Afore en su gestión de los recursos de los ahorradores para obtener rendimientos, la administradora tiene garantizado un ingreso creciendo derivado de comisiones, aun en el caso extremo en que el rendimiento sea cero, pues depende del saldo preexistente más las nuevas aportaciones.
Para ilustrarlo con números, en 2019, la tasa promedio de CETES fue de 8%, mientras que el rendimiento promedio que brindaron las Afores fue de 5% nominal (2% real descontando la inflación), lo que significa que, del total de los fondos de los ahorradores, el 47% que manejaron las Afores en instrumentos de renta variable tuvo un pésimo desempeño. En cambio, en ese mismo año, la rentabilidad de las Afores fue de entre 10% y 12% sobre su capital (calculada con la razón ROE de rendimiento anual del capital invertido). En otras palabras, las Afores ganaron mucho y los trabajadores ganaron poco.
Ante este panorama, le resultaría más conveniente al trabajador administrar sus propios ahorros invirtiéndolos en instrumentos de deuda pública, ya que ello le habría generado un rendimiento 60% mayor al que le dieron las afores. Valiente aportación de las afores al futuro de los trabajadores.
Como se puede apreciar, el crecimiento del saldo de los ahorradores es insuficiente para un retiro digno, al depender básicamente de las aportaciones periódicas y prácticamente nada de los rendimientos que ofrecen las afores.
En resumen, el sistema de ahorro para el retiro basado en cuentas individualizadas ha sido principalmente un gran negocio para las Afores y un mecanismo de fondeo y captación de deuda para el gobierno federal, más que un mecanismo para brindar un retiro digno a los trabajadores. Bajo este modelo, a lo más que puede aspirar el trabajador es a mantener el valor de su dinero en el tiempo, con pocas posibilidades de acumular un ahorro suficiente para una jubilación digna, y con un rendimiento real bastante deplorable.
En el modelo de retiro anterior, el de solidaridad intergeneracional, había plena certidumbre sobre el monto a recibir y su duración, pues era el promedio de 5 años de sueldo en forma vitalicia e incluso heredable a su cónyuge. En cambio, con el actual sistema de cuentas individualizadas de ahorro para el retiro, a cargo de las afores, el trabajador depende básicamente de las aportaciones obligatorias mensuales, de las muy raras aportaciones voluntarias y del escaso rendimiento que genera su cuenta, menos las comisiones que le descuenten, lo que implica una gran incertidumbre sobre el monto y duración de la pensión, ya sea que al retirarse elija dividir su ahorro en un número determinado de cuotas mensuales o recibirlo en una sola exhibición, hasta que se agote el monto que haya logrado acumular.
En cualquier caso, el panorama que enfrentan los próximos jubilados es desolador. Hacia 2025, en tan sólo unos cuantos años, se tendrá la primera ola masiva de jubilaciones en este esquema de cuentas individualizadas, y las previsiones son escalofriantes: se calcula que esa primera ola de trabajadores se jubilará, en promedio, con tan solo el 35% de su último sueldo, y la duración de su ahorro será de máximo 15 años.
Bajo esa perspectiva, es fácil pronosticar un engrosamiento significativo de la población de la 3ª edad viviendo en condiciones críticas, y eventualmente el incremento de los niveles de pobreza en este sector etario en zonas urbanas, principalmente, generándose así una mayor dependencia hacia la asistencia social (con la consecuente carga presupuestal) o hacia terceros indeterminados para, al menos, tratar de sobrevivir. De ahí la importancia de revisar el esquema y tratar de corregir las distorsiones lo antes posible.
Por poner algún ejemplo, se puede actuar desde la limitación de las comisiones. Se estima que si la comisión de las afores hubiera sido de 0.5% en promedio desde el arranque del sistema, el monto de jubilación que podrían alcanzar los trabajadores sería de 65% de su último sueldo, y podrían recibirlo hasta por 22 años en promedio. A estas alturas lamentablemente hay poco que hacer para las primeras generaciones de jubilados en este esquema, pero es momento de construir para mejorar las condiciones de las posteriores.
Si bien es cierto que la comisión ha bajado significativamente, México mantiene la comisión más alta en una comparativa de países con sistemas y antigüedad similares. Por ejemplo, la comisión en Estados Unidos es de 0.45% y en Chile de 0.54% sobre el saldo de las cuentas, mientas que en México es de 0.98% (CONSAR, Boletín de Prensa 20/2019, 09/Jul/2019).
Por otra parte, si la comisión se cobrara sobre los flujos, es decir el monto en que se incremente la cuenta, o aún mejor, sobre los rendimientos, las afores tendrían verdaderos incentivos a buscar los máximos retornos por la inversión del ahorro de los trabajadores, beneficiándose así ambas partes.
Como puede apreciarse hay mucha materia para revisar y optimizar el sistema de cuentas individualizadas, para que los beneficios del esquema no los concentren las afores sino que también se reflejen en el ahorro y en las futuras pensiones de los trabajadores.
Negarse a la revisión y a la discusión del perverso esquema actual no puede derivar más que de la ignorancia de la situación que priva en la realidad, o de la mezquindad ante la oposición sistemática a todo lo que tenga que ver con AMLO. En cualquiera de los dos casos la inflexibilidad de la postura es reprobable, sobre todo hoy por hoy que aún no se cuenta con una propuesta concreta y ya se han generado un sinfín de acusaciones especulativas.
El panorama expuesto invita más bien a ser propositivos para dar elementos y contribuir a que la reforma que eventualmente se realice, sea en el sentido que mayores beneficios sociales garantice.
